La indignación recorre las redes sociales y se extiende por todo México tras la difusión de videos que muestran una cruel "carrera de gatos" en la comunidad de El Guamúchil, municipio de Xichú, Guanajuato. Esta práctica, que algunos lugareños defienden como parte de su tradición, consiste en atar cohetes a gatos vivos y encenderlos, provocando que los animales, aterrorizados, corran desesperadamente mientras los asistentes ríen y gritan. Lejos de ser una celebración inocente, este acto de barbarie expone una preocupante normalización del maltrato animal, consentida incluso por las autoridades locales que presenciaron el evento sin intervenir. La fiesta patronal, marco de esta crueldad, se convirtió en un escenario de horror donde la diversión se construyó sobre el sufrimiento de seres indefensos.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran la angustia de los gatos, quienes en su desesperado intento por escapar del fuego que les quema la piel, corren desorientados entre la multitud. La falta de empatía de los presentes es escalofriante: nadie interviene, nadie detiene esta tortura. Se observa una pasividad cómplice que indigna y cuestiona los valores morales de quienes presenciaron el acto. ¿Cómo es posible que una tradición se sustente en el dolor ajeno? ¿Cómo se puede justificar la diversión a costa del sufrimiento de un ser vivo?

Diversos colectivos animalistas y defensores de los derechos de los animales han alzado la voz, exigiendo justicia y una acción inmediata por parte de las autoridades. Se han dirigido directamente al presidente municipal, Francisco Orozco Martínez, y a Libia García Muñoz Ledo, solicitando una "postura clara contra la violencia hacia los animales". La exigencia es contundente: identificación, detención y sanción de los organizadores del evento y de todos los involucrados en este acto criminal. La impunidad no puede ser una opción.

La justificación de "usos y costumbres" se presenta como un argumento débil e inaceptable ante la evidencia del maltrato. La tradición no puede estar por encima del respeto a la vida y la dignidad de cualquier ser vivo. El Código Penal de Guanajuato es claro al respecto: el artículo 423 establece sanciones de dos a seis años de prisión y multas económicas para quienes incurran en actos de crueldad injustificada contra animales. No hay excusas, no hay atenuantes. La ley debe aplicarse con todo el rigor.

El colectivo Peludos Desamparados ha ido más allá, exigiendo la intervención de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato con tres acciones específicas: investigación exhaustiva del caso, aplicación de las sanciones correspondientes y implementación de medidas preventivas para evitar que este tipo de actos se repitan en el futuro. La lucha contra el maltrato animal requiere un compromiso conjunto de la sociedad y las autoridades. No basta con condenar el hecho, es necesario actuar con contundencia para erradicar estas prácticas crueles y construir una sociedad más justa y compasiva con todos los seres vivos.

Este caso no puede quedar impune. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto a la vida animal y la necesidad de romper con tradiciones que normalizan la violencia y el sufrimiento. La sociedad exige justicia para los gatos de El Guamúchil y un compromiso real para prevenir que este tipo de atrocidades se repitan en el futuro.