La tragedia que envuelve la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Jonathan Estrada Vázquez ha conmocionado a la comunidad de Berriozábal, Chiapas, y ha puesto bajo la lupa, una vez más, las deficiencias y posibles actos de corrupción que plagan el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en el país. El dolor de la familia Estrada, palpable en el velorio realizado este martes, se mezcla con la indignación ante la inoperancia y las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades durante el proceso de búsqueda. La denuncia de Magdalena Estrada, hermana de Jonathan, sobre la solicitud de 30 tamales – una petición absurda e indignante – a cambio de “agilizar” la búsqueda, deja al descubierto la deshumanización y la falta de ética de algunos elementos de la Fiscalía. Este tipo de actos no solo revictimiza a la familia, sino que erosiona la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar apoyo a quienes sufren la desaparición de un ser querido.

Más allá de la anécdota de los tamales, que por sí sola es aberrante, se suman otras inconsistencias que empañan aún más la investigación. La ropa encontrada junto a los restos, que no correspondía a la talla ni complexión de Jonathan, siembra la duda sobre la diligencia y la transparencia de las autoridades en el manejo del caso. ¿Se trató de una negligencia? ¿De un intento de manipular la escena? Estas preguntas, que aún no tienen respuesta, exigen una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades. La aceptación de los resultados por parte de la familia, motivada por el deseo de dar un cierre a su dolor y encontrar un mínimo de paz, no exime a las autoridades de su obligación de investigar a fondo y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad.

El caso de Jonathan no es un caso aislado. Forma parte de una dolorosa estadística de desaparecidos en el país, una realidad que exige una respuesta contundente por parte del Estado. La lucha incansable del Colectivo de Madres en Resistencia, que acompañó a la familia Estrada en su búsqueda, es un testimonio de la fuerza y la solidaridad que nacen del dolor compartido. Su voz, que se alza para exigir justicia y verdad, representa la voz de miles de familias que viven la misma angustia y que claman por un sistema de búsqueda eficaz, transparente y humano.

La impunidad no puede ser la norma. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y garanticen que casos como el de Jonathan no se repitan. La justicia no solo implica encontrar a los desaparecidos, sino también investigar las circunstancias de su desaparición, sancionar a los responsables y brindar apoyo integral a las familias. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención y atención a las denuncias de desaparición, dotando a las instituciones de los recursos necesarios y promoviendo la capacitación y sensibilización del personal encargado de estas tareas. La sociedad civil también tiene un papel crucial que desempeñar, exigiendo rendición de cuentas a las autoridades y apoyando a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir un país donde el derecho a la vida y la integridad personal sean una realidad para todos. No podemos permitir que la tragedia de Jonathan y de tantos otros desaparecidos quede en el olvido. Su memoria nos obliga a seguir luchando por un México más justo y seguro.