La sombra de la duda se cierne sobre el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Dos denuncias, dos focos rojos que iluminan posibles irregularidades en la contienda, específicamente en la distribución de propaganda electoral conocida como “acordeones”. Estos pequeños panfletos, aparentemente inocuos, se han convertido en el centro de una controversia que podría tener repercusiones significativas en la legitimidad del proceso electoral.

Según las denuncias recibidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estos "acordeones" no se limitan a presentar información sobre las candidaturas, sino que instruyen, de manera explícita, cómo votar por ciertos candidatos. Esto, por supuesto, levanta serias sospechas sobre la imparcialidad del proceso y la posible coacción del voto. ¿Estamos ante un intento orquestado de manipular la voluntad ciudadana? ¿Se busca inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos mediante prácticas ilícitas?

El INE, consciente de la gravedad de las acusaciones, ha actuado con diligencia, remitiendo las denuncias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia encargada de determinar la validez de la propaganda y el alcance de su impacto. Sin embargo, la preocupación trasciende el ámbito jurídico. La confianza en la integridad del sistema electoral es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier intento de socavarla debe ser investigado y sancionado con firmeza.

Las denuncias, provenientes de Nuevo León y la Ciudad de México, apuntan a la participación de servidores públicos en la distribución de los "acordeones". Este detalle añade una capa adicional de complejidad al asunto. ¿Se trata de acciones individuales o de una estrategia coordinada desde las esferas del poder? La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE ya están investigando los hechos para determinar si se configuran delitos electorales o infracciones en materia de fiscalización.

La ciudadanía exige transparencia y justicia. Es crucial que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables, si los hubiere, sean sancionados con todo el rigor de la ley. El futuro del Poder Judicial de la Federación está en juego, y la integridad del proceso electoral es esencial para garantizar la independencia y la imparcialidad de esta importante institución.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La sombra de la duda se proyecta sobre el proceso electoral, y solo una investigación a fondo podrá disipar las sospechas y restaurar la confianza en la democracia. Es imperativo que se esclarezcan los hechos y se garantice que la voluntad ciudadana, expresada libremente en las urnas, sea respetada. El futuro del país depende de ello. La justicia electoral no puede ser una simple formalidad, sino una garantía real para todos los ciudadanos.