La sombra de la impunidad se cierne sobre Francia. La condena a 20 años de prisión para Joël Le Scouarnec, el ex-cirujano que abusó sexualmente de casi 300 menores, deja un sabor amargo en la boca de las víctimas y sus familias. ¿Justicia o una burla disfrazada de sentencia? Si bien se le impuso la pena máxima, el complejo entramado legal francés, con sus reducciones de pena y el tiempo ya cumplido, podría dejarlo en libertad en tan solo seis años. Una bofetada a la justicia, una herida abierta para quienes sufrieron sus abusos.

Imaginen el horror: 296 vidas marcadas para siempre, infancias robadas, la confianza en la figura médica destrozada. El modus operandi de Le Scouarnec, aprovechando su posición de poder y la vulnerabilidad de niños hospitalizados, es la muestra más vil de la perversión. Se escudaba en la bata blanca, en el supuesto rigor médico, para perpetrar sus crímenes. Sus diarios, un macabro registro de sus atrocidades, son la prueba irrefutable de la sistemática depredación a la que sometió a sus víctimas.

La indignación se extiende como la pólvora. Organizaciones de defensa de los derechos de las víctimas, portavoces de la sociedad civil, claman al unísono: esta sentencia no es suficiente. ¿Cómo es posible que un depredador de esta magnitud pueda ver la luz del día en tan poco tiempo? La pregunta resuena en cada rincón de Francia, exigiendo una revisión profunda del sistema judicial, una reforma que proteja a los más vulnerables y castigue con la severidad que merecen a quienes abusan de su poder.

La historia de Le Scouarnec no se limita a sus actos individuales. Es la historia de un sistema que falló, de una cadena de responsabilidades que se diluyeron en la burocracia. En 2005, fue condenado por posesión de material pedopornográfico, una señal de alarma que fue ignorada. Continuó ejerciendo, continuó teniendo acceso a niños, continuó abusando. ¿Quién es responsable de esta negligencia? ¿Quién permitió que este monstruo siguiera operando impunemente durante años? El fiscal Stéphane Kellenberger lo planteó con crudeza: ¿Debería Le Scouarnec ser el único en el banquillo de los acusados?

El caso Le Scouarnec no es un caso aislado. Es un síntoma de una enfermedad social que debe ser erradicada. Es un llamado a la acción, una exigencia de justicia real, una oportunidad para construir un futuro donde los niños estén protegidos y los abusadores rindan cuentas por sus crímenes. No podemos permitir que la sombra de la impunidad siga oscureciendo el camino hacia una sociedad más justa. La lucha por la justicia recién comienza.