La creciente tensión entre la CNTE y el Gobierno Federal ha desatado un debate crucial en la opinión pública: ¿dónde está el límite entre el derecho a la protesta y la afectación a la ciudadanía? Un reciente sondeo revela que la mayoría de los capitalinos respalda la firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del magisterio disidente. Este apoyo ciudadano no es gratuito, sino que se fundamenta en la percepción de que las acciones de la CNTE, como los bloqueos a dependencias clave y medios de comunicación, trascienden el legítimo ejercicio de la manifestación y se convierten en una forma de coacción que perjudica a terceros.

La negativa de la CNTE a asistir a la reunión propuesta por la mandataria, a pesar de la insistencia y la disposición al diálogo por parte del Gobierno, ha reforzado la imagen de un grupo intransigente, más interesado en la confrontación que en la negociación. Este desplante, sumado a la escalada de protestas, ha generado un clima de incertidumbre y hartazgo entre la población, que exige soluciones y un retorno a la normalidad. La pregunta que muchos se hacen es: ¿están las demandas de la CNTE justificadas, o se trata de una estrategia de presión para obtener beneficios particulares a costa del bienestar colectivo?

Si bien es cierto que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial y la modificación del sistema de pensiones son temas cruciales para el magisterio, la ciudadanía se cuestiona si la vía del bloqueo y la disrupción es la más adecuada para alcanzar estos objetivos. El Gobierno, por su parte, ha demostrado su voluntad de diálogo y ha ofrecido un incremento salarial, que si bien no satisface las demandas de la CNTE, representa un esfuerzo por encontrar un punto de encuentro. La clave, según expertos en negociación, reside en la capacidad de ambas partes para ceder en sus posiciones y encontrar un terreno común que beneficie a todos.

La ciudadanía, cansada de ser rehén de las disputas políticas, clama por un equilibrio entre el derecho a la manifestación y el respeto al orden institucional. Se reconoce la importancia de la protesta social como mecanismo de expresión y reivindicación, pero se rechaza el uso de tácticas que paralizan la ciudad y afectan la vida cotidiana de miles de personas. El diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos son las herramientas que deben prevalecer en un Estado democrático. La confrontación y la imposición de la voluntad de un grupo sobre los derechos del resto de la sociedad no son el camino.

Es fundamental que tanto la CNTE como el Gobierno Federal asuman su responsabilidad en la búsqueda de una solución pacífica y duradera a este conflicto. La ciudadanía, que observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, espera que se imponga la razón y el sentido común, y que se privilegie el interés general por encima de cualquier interés particular. El futuro de la educación y la estabilidad social del país dependen de ello. Es hora de dejar atrás las posturas intransigentes y apostar por el diálogo constructivo, la única vía para alcanzar una solución justa y equitativa para todos.