La euforia electoral suele desvanecerse rápidamente, dejando tras de sí un amargo sabor a promesas incumplidas. El caso del salario mínimo profesional para maestros, trabajadores de la salud, policías y militares, prometido con bombos y platillos durante la campaña de 2024, es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. La promesa, convertida en bandera electoral, resonó en plazas públicas y cosechó millones de votos, cimentando el triunfo de la entonces candidata. Hoy, la realidad se impone con crudeza: un aumento del 9% para los maestros, lejos de los 18 mil pesos mensuales prometidos, es la prueba irrefutable de un compromiso roto.

La promesa, recordemos, no se limitó a los docentes. Policías estatales y municipales, cuyos salarios, según México Evalúa, oscilan entre los 8 mil y los 12 mil 600 pesos mensuales en promedio, también fueron incluidos en este proyecto de mejora salarial. La situación es particularmente crítica en Tabasco, donde los policías perciben apenas 8 mil pesos mensuales, mientras el estado se sume en una espiral de violencia e inseguridad sin precedentes. ¿Cómo se les puede exigir a quienes arriesgan su vida a diario que protejan a la ciudadanía con salarios tan precarios?

La reforma constitucional, votada por unanimidad en ambas Cámaras y por las 32 entidades de la República en octubre pasado, parece atrapada en un laberinto burocrático. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dilatado la declaratoria de constitucionalidad, escudándose en trámites y consultas que parecen no tener fin. Resulta paradójico, por decir lo menos, que una reforma aprobada unánimemente, con acuses de recibo en poder del Senado y ampliamente difundida en los medios de comunicación, enfrente tales obstáculos para su implementación.

El argumento de la falta de recursos, esgrimido por la actual Presidenta, contrasta con el desbordado gasto en megaproyectos, cuyo costo se duplicó con opacidad, y el aumento de la deuda pública, que pasó de 10.5 billones en 2018 a 18 billones en la actualidad, un incremento del 70%. A esto se suma la deuda acumulada en los primeros tres meses del actual gobierno, que asciende a casi un billón de pesos. Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿dónde están las prioridades?

La manipulación política de las promesas electorales es una práctica lamentablemente recurrente. Se utilizan como anzuelos para captar votos, sin la intención real de cumplirlas. La ciudadanía, hastiada de estas prácticas, exige transparencia y responsabilidad. El incumplimiento de las promesas no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también profundiza la desigualdad y la injusticia social. ¿Qué podemos esperar para las elecciones de 2027? Probablemente, más promesas, con el mismo destino: el incumplimiento. Es tiempo de exigir un cambio, de demandar a nuestros representantes que asuman sus compromisos con seriedad y que gobiernen para el bienestar de todos, no para el beneficio de unos pocos.