México se encuentra a las puertas de un cambio histórico en su sistema de justicia. Este domingo 1º de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir directamente a sus ministros, magistrados y jueces, un paso crucial para consolidar la Cuarta Transformación y materializar el anhelo popular expresado en las urnas el año pasado. Recordemos que la necesidad de esta reforma surge de la resistencia sistemática de la oposición a dialogar y construir acuerdos legislativos que permitieran transformar un sistema de impartición de justicia obsoleto y permeado por la corrupción. Ante esta negativa, el llamado Plan C se convirtió en la vía para empoderar al pueblo y otorgarle la facultad de decidir quiénes serán los encargados de impartir justicia.

La meta del Plan C era clara: obtener una mayoría contundente en el Congreso que posibilitara una reforma constitucional que acabara con el sistema de designaciones indirectas, un sistema ampliamente cuestionado y repudiado por la ciudadanía en 2018. A pesar del claro mandato popular expresado en las elecciones de 2024, la Reforma Judicial ha enfrentado una constante oposición, una oposición que, irónicamente, dice defender la democracia mientras intenta bloquear la voluntad popular. Sin embargo, el proceso avanza inexorablemente hacia su fase final, y como se planteó desde el inicio, la decisión última recae en la soberanía popular.

Es fundamental destacar el papel crucial del Instituto Nacional Electoral (INE) en este proceso. El INE ha llevado a cabo una labor titánica al diseñar y organizar una elección de una complejidad sin precedentes, tanto por la cantidad de cargos a elegir como por la novedad del sistema. La plataforma Conóceles, Practica y Ubica, desarrollada por el INE, ha sido una herramienta invaluable para la ciudadanía. Esta plataforma digital ha permitido a los electores acceder a la trayectoria y perfiles de las y los candidatos, promoviendo un voto informado y responsable. Además, ha facilitado el diálogo y el intercambio de ideas entre ciudadanos de diferentes sectores, partidos y preferencias políticas, creando un espacio de participación democrática que fortalece el proceso electoral.

Si bien se han presentado denuncias sobre algunos aspirantes, la ciudadanía tiene la capacidad de discernir y elegir a los candidatos más idóneos. Además, la Reforma Judicial contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una instancia clave que se encargará de atender las denuncias presentadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil contra aquellos funcionarios judiciales que incurran en faltas. Este mecanismo de control y rendición de cuentas garantiza que la justicia esté en manos de personas íntegras y comprometidas con el servicio público.

Al acudir a las urnas este domingo, es importante recordar los objetivos que impulsaron esta Reforma Judicial. Es fundamental erradicar el desprecio hacia las causas de los ciudadanos que buscan justicia, un desprecio que ha prevalecido durante demasiado tiempo. También es crucial poner fin a los abusos cometidos por la Suprema Corte durante el periodo neoliberal, cuando actuó como un poder Legislativo paralelo, invadiendo las facultades del Congreso e incluso, recientemente, atentando contra las atribuciones del Constituyente Permanente. No olvidemos que, en muchos casos, la Corte y el Poder Judicial se pusieron al servicio de las élites, convirtiendo la justicia en un privilegio para unos cuantos y negándola a la mayoría.

Este 1º de junio, la ciudadanía tiene en sus manos la oportunidad de transformar el sistema de justicia y ponerlo al servicio del pueblo. Participemos activamente en este proceso histórico y ejerzamos nuestro derecho al voto. El futuro de la justicia en México depende de nuestra participación.