La tranquilidad en la vejez, un anhelo universal, ha sido el motor impulsor de las profundas transformaciones que ha experimentado el sistema de pensiones en México en los últimos años. Tuve la fortuna de ser testigo y partícipe de este crucial proceso, especialmente durante las reformas de 2020 y 2024, dos hitos que considero fundamentales para la construcción de un futuro más justo y seguro para los trabajadores mexicanos, tanto del sector público como del privado, incluyendo a nuestros valiosos docentes.

Recordemos el panorama: en 1997, México transitó hacia un sistema de pensiones contributivo, dejando atrás el modelo de beneficio definido. Este cambio, si bien necesario para la sostenibilidad del sistema, introdujo las cuentas individuales y el ahorro obligatorio. Posteriormente, en 2007, esta modalidad se extendió a los trabajadores del Estado, incorporando las subcuentas de vivienda administradas por Infonavit y Fovissste, cuyos recursos no utilizados para crédito se sumarían a la pensión, generando rendimientos a lo largo de la vida laboral.

Sin embargo, con la llegada de los primeros jubilados bajo este nuevo esquema en 2020, una realidad preocupante salió a la luz: las pensiones apenas alcanzaban entre un 25% y un 35% del salario, y para acceder a ellas se requerían 1250 semanas de cotización. Esta situación generaba una profunda desigualdad, dejando a muchos trabajadores en una situación vulnerable al llegar a la edad de retiro. Ante esta problemática, se impulsaron reformas entre 2018 y 2024 con el objetivo de fortalecer el sistema y garantizar pensiones más dignas.

La reforma de 2020 representó un primer paso crucial. Se redujeron las semanas de cotización de 1250 a 1000, implementando un esquema gradual que comenzó con 750 semanas y que alcanzará su objetivo en 2031. Asimismo, se logró una disminución en las comisiones de las AFORE, liberando recursos para los trabajadores, y se aprobó un incremento progresivo en la aportación patronal, que llegaría al 15% del salario. Con estas medidas, se proyectaba un aumento significativo en las pensiones, estimándose que alcanzarían entre el 55% y el 65% del salario, sin considerar las aportaciones por vivienda.

Pero el compromiso con el bienestar de los trabajadores no se detuvo ahí. En 2024, se adelantaron los beneficios de la reforma de 2020 y se estableció un sistema híbrido y solidario. Uno de los pilares de esta reforma fue la creación de un Fondo integrado por cuentas inactivas de AFORE, Infonavit y Fovissste, junto con recursos provenientes de diversas fuentes, como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Desde julio de 2024, este Fondo comenzó a complementar las pensiones con el objetivo de alcanzar el 100% del último salario, considerando el promedio salarial del IMSS. Este avance beneficia a la gran mayoría de los trabajadores del sector privado y público, brindándoles una mayor seguridad económica en su retiro.

Además, el sistema se complementa con el programa universal de pensión para adultos mayores, una iniciativa fundamental que contribuye a mejorar los ingresos de la población en general. Si bien aún faltan años para que se jubilen masivamente los trabajadores bajo el régimen de 2007, estas reformas sientan las bases para un futuro más prometedor, asegurando mecanismos previsores que protegen y benefician a la clase trabajadora mexicana. El camino recorrido ha sido largo y complejo, pero la meta siempre ha sido clara: garantizar una vejez digna y tranquila para todos los mexicanos.