La sombra de la duda se cierne sobre las elecciones judiciales. ¿Transformación o manipulación? Esa es la pregunta que resuena en las calles, en los corrillos políticos y en la mente de una ciudadanía cada vez más desconcertada. El discurso oficial habla de un proceso inédito, de una oportunidad histórica para democratizar la justicia. Sin embargo, la realidad que se palpa en el terreno es muy distinta. Las denuncias de prácticas ilegales, de "acordeones" con instrucciones de voto y movilización con recursos públicos, se multiplican a un ritmo alarmante. Guindas, naranjas, azules, tricolores… todos parecen haber sucumbido a la tentación de inclinar la balanza a su favor.

La participación ciudadana, ese anhelado indicador de legitimidad, se convierte ahora en un arma de doble filo. El oficialismo necesita una alta concurrencia a las urnas, no solo para validar el experimento impulsado desde Palacio Nacional, sino también para evitar que la jornada se interprete como un rotundo descalabro para la 4T. 20% del padrón es la meta fijada por Morena, una cifra que contrasta con el pronóstico más modesto del INE: 15%. Pero más allá de los números, se esconde una estrategia mucho más compleja. No basta con llenar las urnas, hay que llenarlas con los nombres "correctos". La maquinaria morenista, con sus estructuras, programas sociales y operadores locales, trabaja a toda marcha para asegurar el resultado deseado.

La contradicción se cuela incluso en las filas del propio gobierno. Mientras algunos funcionarios defienden que lo importante es que vote "más gente", aunque sean pocos, argumentando que "antes decidían tres personas, ahora decidirán diez", el despliegue propagandístico del oficialismo apunta en otra dirección. La lógica no cuadra, y la ciudadanía percibe la disonancia.

Del otro lado, la oposición no se queda atrás. Gobernadores como Mauricio Kuri y Samuel García también han activado sus redes clientelares para colocar a perfiles afines. La supuesta ciudadanización de la justicia se transforma en un campo de batalla partidista, donde todos juegan el mismo juego, aunque lo nieguen en público. La hipocresía se instala en el discurso político, mientras la justicia observa desde la sombra.

El INE, por su parte, se enfrenta a una elección sin precedentes, no solo por el volumen de votantes, sino también por la complejidad del proceso. En algunas zonas, cada ciudadano tendrá que emitir hasta 50 votos. La magnitud de la tarea hace imposible conocer los resultados la noche del 1 de junio. Habrá que esperar hasta el miércoles 4 para tener un panorama completo. Mientras tanto, en los cuartos de guerra, tanto del gobierno como de la oposición, se afinan listas, se ensayan mecanismos para el reparto de indicaciones de voto y se calcula la eficiencia de la movilización. Todos quieren ganar la elección antes de que inicie la elección.

La historia de Lorenzo Córdova y su participación en el desplegado que critica al INE por la entrega de datos personales añade otra capa de ironía a este panorama. Quien avaló la ley que facilita la entrega de información sensible ahora reclama su aplicación. "Parece que Lorenzo sufre de amnesia", ironiza un funcionario del INE.

La justicia, mientras tanto, sigue observando desde la sombra. Y la ciudadanía, en muchos casos, ni siquiera sabe qué votará. Una lotería amañada, donde el premio ya está decidido.