La sombra del miedo se extiende sobre Durango, un miedo silencioso que se alimenta de las extorsiones, del cobro de piso que se normaliza como una macabra rutina, un miedo que se ha adueñado de las calles de Gómez Palacio y La Laguna, asfixiando la vida cotidiana. Las voces de la sociedad civil, a través de organizaciones como México SOS, el Consejo Cívico de las Instituciones y la Mesa Ciudadana de Seguridad, se alzan en un clamor desesperado, denunciando la inacción, la omisión, el abandono por parte de las autoridades. Mientras la delincuencia extiende sus tentáculos, el gobernador Esteban Villegas parece tener la mirada puesta en otro horizonte: las elecciones del próximo 1 de junio. Su prioridad, según acusan, no es la seguridad de los duranguenses, sino el resultado electoral.

Fuentes internas de la administración estatal confirman el desvío de recursos y personal para operar las campañas municipales en zonas estratégicas como la capital, Lerdo y Gómez Palacio. Vehículos oficiales, funcionarios pagados con dinero público, todos trabajando en una operación política paralela que deja de lado la urgente necesidad de contener el avance del crimen. El PRI, según estas fuentes, es el beneficiario de esta maquinaria electoral engrasada con la desesperación de los ciudadanos.

Mientras la política se convierte en un juego de intereses, la realidad en Gómez Palacio se torna alarmante. Las organizaciones civiles pintan un panorama desolador: extorsiones al sector agrícola, amenazas constantes, y la apropiación de la cadena de comercialización por parte de un grupo sindical que opera con una impunidad que hiela la sangre. La erosión del estado de derecho en la Comarca Lagunera es una herida abierta, una realidad innegable. La cooperación entre gobiernos y fuerzas de seguridad, que antes servía de dique contra la delincuencia, se ha desmoronado por la desidia, los intereses políticos y la falta de un liderazgo firme. La urgencia de recuperar esa coordinación, claman las organizaciones, es una cuestión de supervivencia para Durango.

Y como si la crisis de seguridad no fuera suficiente, el escenario político se enrarece con la controversia que rodea al diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo. Recordemos que el pasado 28 de febrero, colectivos feministas lo exhibieron públicamente por incumplir con la pensión alimenticia de su hija. La protesta resonó en la Cámara de Diputados con un tendedero el 8 de marzo. Presionado por la opinión pública, Prieto Gallardo declaró que sí cumplía con su obligación, aunque el monto de la pensión, 8 mil pesos mensuales, es una cifra mínima que contrasta con su salario y lo establecido por la ley.

Ahora, en medio de una disputa legal, el diputado condiciona el pago de la pensión a una disculpa pública por parte de la madre de su hija. Como si los derechos de una niña pudieran ser moneda de cambio en el juego político de su padre. La situación se agrava con la amenaza de Prieto Gallardo de solicitar la patria potestad si la prueba de ADN, programada para el 30 de mayo, confirma su paternidad. Dentro de su propio partido, el vocero Arturo Ávila se ha deslindado de las acciones del diputado, afirmando que ningún argumento político justifica condicionar los derechos de una menor ni ejercer violencia mediática contra las mujeres. Un nuevo capítulo en esta historia que deja un sabor amargo y plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad en la política. La justicia, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos parecen quedar relegados a un segundo plano mientras los juegos de poder y los intereses personales toman el centro del escenario. ¿Hasta cuándo Durango seguirá pagando el precio de la indiferencia y la ambición?