La promesa hecha a los maestros de derogar la reforma de pensiones del 2007, una reforma que generó tanta controversia y preocupación en el magisterio, se está cumpliendo. Recordemos el impacto de aquella reforma impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón: un cambio drástico de un sistema solidario a uno individualizado basado en las Afores, que en la práctica significó un desplome en las expectativas de las pensiones de quienes dedicaron su vida a la educación de las futuras generaciones. Imaginen la angustia de un maestro al vislumbrar un retiro con apenas 4 mil pesos mensuales, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

Ante este panorama desalentador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó desde su administración una serie de medidas cruciales para beneficiar al magisterio. Una de las primeras acciones fue la reducción de las comisiones que cobraban las Afores por administrar los recursos de los trabajadores. Este paso, aunque aparentemente pequeño, representó un alivio significativo para las finanzas de los maestros y un primer paso hacia una pensión más digna.

Sin embargo, la medida más trascendental fue la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, concebido como un instrumento de justicia social, tiene como objetivo nivelar las pensiones de los maestros, acercándolas al salario que percibían al momento de su retiro. En otras palabras, si un maestro, tras años de servicio, se enfrentaba a la perspectiva de una pensión de tan solo 4 mil pesos al mes, el Fondo de Pensiones para el Bienestar interviene para complementar esa cantidad hasta alcanzar el nivel salarial que tenía al momento de jubilarse. Si ese salario, por ejemplo, era de 16 mil pesos mensuales, el gobierno, a través del fondo, aportaría los 12 mil pesos restantes, asegurando así un retiro digno y acorde a la labor desempeñada.

Pero las acciones en favor del magisterio no se detuvieron ahí. El presidente López Obrador también incluyó a los maestros en la Pensión Universal para Adultos Mayores, un beneficio que previamente les era negado. Recordemos que antes de la llegada de López Obrador, los jubilados del IMSS y del ISSSTE estaban excluidos de esta pensión, una situación que generaba inequidad y desprotección para quienes habían contribuido al desarrollo del país a través de la seguridad social. Esta inclusión representa un reconocimiento a la trayectoria y al aporte invaluable de los maestros a la sociedad.

Estas medidas, en conjunto, demuestran el compromiso del gobierno con el bienestar del magisterio. No se trata solo de números y cifras, sino del reconocimiento a la labor fundamental de los educadores y de la búsqueda de una justicia social que les garantice una vida digna después de años de servicio. La derogación de la reforma de 2007 y la implementación de estas nuevas políticas marcan un hito en la historia de las pensiones de los maestros, un paso firme hacia un futuro más justo y equitativo.