La jornada electoral de 2025 en Veracruz se acerca, y con ella, la ya conocida "Ley Seca". Desde el primer minuto del 31 de mayo hasta el último minuto del 1 de junio, la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida en todo el estado. Esto significa que bares, restaurantes, tiendas de abarrotes, supermercados y cualquier otro establecimiento que comercialice alcohol deberá suspender su venta durante 48 horas. Una medida que, si bien busca garantizar la tranquilidad y seguridad del proceso electoral, genera opiniones encontradas entre los distintos actores involucrados.

El Código Electoral para el Estado de Veracruz, en sus artículos 226 y 227, es claro al respecto: la venta de alcohol queda prohibida el día anterior y el día de la elección. Esta normativa, que se repite en cada proceso electoral, busca prevenir incidentes y altercados que puedan perturbar el desarrollo de la jornada cívica. Se pretende, de esta manera, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y tranquilidad, libre de la influencia del alcohol.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Seca no está exenta de polémica. Mientras que algunos ven en ella una medida necesaria para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral, otros la consideran una medida excesiva que afecta la economía de los establecimientos que comercializan alcohol. Restauranteros y empresarios del sector argumentan que la prohibición, especialmente al caer en un fin de semana de quincena, representa pérdidas económicas significativas. Proponen, como alternativa, que la restricción se limite únicamente al día de la elección, para minimizar el impacto en sus negocios.

En un recorrido por algunos establecimientos de la ciudad, empleados y propietarios afirman no haber recibido aún notificación oficial sobre la aplicación de la Ley Seca para la jornada electoral de 2025. No obstante, son conscientes de la normativa y se preparan para su cumplimiento. Reconocen, además, que la medida no erradica completamente el consumo de alcohol, ya que muchos ciudadanos anticipan la prohibición y se abastecen con antelación.

Más allá del debate económico, la Ley Seca busca, en esencia, proteger la integridad del proceso electoral. Se pretende minimizar la posibilidad de disturbios o actos de violencia, garantizando así la seguridad tanto de los votantes como del personal electoral. Se busca, en definitiva, que la jornada electoral se desarrolle con la mayor normalidad y transparencia posible, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera libre y responsable. Queda por ver si en el futuro se implementan modificaciones a la normativa, buscando un equilibrio entre la seguridad del proceso electoral y los intereses económicos de los comercios afectados. Mientras tanto, la Ley Seca se mantiene como una constante en el panorama electoral veracruzano.