El escenario político se torna complejo a medida que se acerca la jornada electoral del 1 de junio. La elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial se presenta como un terreno fértil para el análisis y la especulación, donde la premisa "en política no hay sorpresas sino sorprendidos" cobra especial relevancia. Más allá de las voces que califican el proceso como un fraude al sistema democrático, la atención se centra en la posible baja participación ciudadana. Se argumenta que la complejidad del sistema de votación y la falta de información e interés generalizado podrían resultar en una afluencia a las urnas de apenas un 6 a 10% del electorado.

Sin embargo, considerar esta elección como una "elección de Estado" nos invita a replantear las proyecciones. El partido gobernante, a través de figuras clave como el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, ha fijado una meta de participación mínima de 20 millones de electores. Esta cifra no es arbitraria, sino que busca replicar el respaldo obtenido en las elecciones presidenciales de 2018, consolidando así la legitimidad de la reforma al Poder Judicial.

Alcanzar esta meta no parece una tarea descabellada si consideramos la maquinaria estatal a disposición del partido gobernante. La red de "siervos de la nación", encargados de los programas sociales, junto con los millones de servidores públicos a nivel federal y estatal afines a la 4T, representan una fuerza de movilización considerable. A esto se suma la estructura organizativa del partido y sus aliados corporativos.

Con una estrategia bien diseñada, bastaría movilizar 300 electores por cada una de las 84 mil casillas. Organizando grupos de 15 electores cada media hora, se requerirían tan solo 20 movilizadores por casilla durante las 10 horas de la jornada, lo que permitiría superar la meta de 25 millones de votantes. Este esquema, además, otorga a cada elector 20 minutos para emitir su voto en las 16 mamparas disponibles por casilla, tiempo suficiente para utilizar las "notas" o "acordeones" que facilitan el proceso.

Este tipo de movilización no es ajena a la práctica política. Todos los partidos implementan estrategias de "promoción y movilización" en cada proceso electoral. La diferencia radica en que, en esta ocasión, el aparato estatal, Morena y sus aliados, operan prácticamente sin competencia, con el terreno libre para movilizar su base social, mientras la oposición se debate entre la participación y la abstención.

En este contexto, los llamados del INE a la ética pública pierden fuerza, sobre todo cuando la propia plataforma del instituto, "Conócelos, ensaya y ubica", promueve indirectamente el uso de notas para agilizar la votación. Además, la "operación acordeón", aunque cuestionable, solo es investigada si existe una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

No obstante, el éxito de esta estrategia depende de la cohesión interna de la 4T. Si las divisiones y la lucha por el poder debilitan la capacidad de organización y coordinación, si la ingenuidad política lleva a creer que la alta participación surgirá "naturalmente", los pronósticos de fracaso se cumplirían. La deslegitimación de la reforma judicial, considerada la más importante del régimen, podría desencadenar el declive de Morena, sumiéndolo en una autofagia política con miras al 2030. El futuro político del país se juega en estas elecciones, y la participación ciudadana, orquestada o espontánea, será determinante.