La aparente coincidencia entre las demandas de la CNTE y la postura de la derecha respecto a la elección judicial abre un abanico de interrogantes. ¿Se trata de una simple coincidencia o existe una estrategia subyacente? La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado la curiosa similitud entre ambos grupos, al cuestionar la relación entre la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y el Instituto Nacional Electoral, escenario de la protesta convocada por la CNTE. Esta convergencia de intereses, aparentemente dispares, merece un análisis profundo que trascienda la superficie de las declaraciones.

Es innegable que la CNTE tiene una larga historia de lucha por los derechos laborales del magisterio. Sus demandas, históricamente centradas en la mejora de las condiciones laborales y la defensa de la educación pública, han cobrado un nuevo matiz al entrelazarse con el debate en torno a la reforma del Poder Judicial. Si bien la preocupación por el impacto de las reformas en el sistema educativo es legítima, la radicalización de sus acciones, incluyendo la posibilidad de un boicot a la elección judicial, genera controversia y plantea la necesidad de un diálogo constructivo.

La presidenta Sheinbaum ha reiterado la disposición de su gobierno al diálogo, ofreciendo canales de comunicación a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la persistencia de las movilizaciones y la escalada en las acciones de la CNTE sugieren la existencia de un descontento profundo que va más allá de las demandas específicas. ¿Será que la CNTE busca capitalizar el momento político para impulsar sus demandas históricas o existe una agenda oculta que se alinea con los intereses de la derecha?

La reforma del Poder Judicial, aprobada por una mayoría en el Congreso, se ha convertido en un punto de inflexión en la vida política del país. La derecha, en su oposición a la reforma, ha llamado a la abstención y al boicot de la elección judicial. Esta postura, coincidente con la de la CNTE, alimenta las sospechas de una posible articulación entre ambos grupos, aunque no existan pruebas contundentes que lo demuestren.

El llamado al boicot electoral, tanto por parte de la derecha como de la CNTE, pone en riesgo el ejercicio democrático y la legitimidad de las instituciones. La participación ciudadana es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia. Boicotear una elección, independientemente de las motivaciones, debilita el sistema y abre la puerta a la inestabilidad política.

En este contexto, el diálogo se presenta como la única vía para encontrar soluciones pacíficas y consensuadas. Es imperativo que las autoridades y la CNTE retomen la mesa de negociaciones y busquen puntos de encuentro que permitan atender las demandas del magisterio sin poner en riesgo la estabilidad del país. La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse informada y participar activamente en la construcción de un futuro democrático y justo para todos. El futuro del país depende del compromiso de todos con el diálogo, la paz y el respeto a las instituciones.