La sombra de la incertidumbre se cierne sobre millones de hogares mexicanos. La propuesta, aunque atenuada, de gravar las remesas con un impuesto del 3.5% sigue resonando como una amenaza latente. Imaginen el impacto en esas familias que dependen del sudor y el sacrificio de sus seres queridos en el extranjero. Ese dinero, ganado con esfuerzo y enviado con amor, no es un lujo, es el sustento, la esperanza de una vida mejor. Es el pan en la mesa, el techo sobre sus cabezas, la educación de sus hijos.

Recordemos la magnitud de esta contribución: más de 64 mil millones de dólares fluyen anualmente hacia México, superando los ingresos por turismo, petróleo y exportaciones agrícolas. Es una inyección vital para nuestra economía, un motor que impulsa el desarrollo, especialmente en las comunidades rurales más marginadas. ¿Cómo es posible que se pretenda castigar esta aportación fundamental?

Más allá de las cifras, hay historias humanas. Historias de padres que se ausentan para brindar un futuro a sus hijos, de madres que trabajan incansablemente para asegurar el bienestar de sus familias. Son historias de sacrificio y resiliencia, de un amor que traspasa fronteras. Este impuesto, aunque reducido, sigue siendo una carga injusta sobre sus hombros, un obstáculo en su camino hacia una vida digna.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha alzado la voz, calificando la propuesta como inaceptable y discriminatoria. Y tiene razón. No solo viola tratados internacionales, sino que representa una doble tributación para quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos. Es un acto que desconoce el valor real de la aportación de los migrantes mexicanos, no solo en las remesas, sino en la economía estadounidense en su conjunto. Se estima que generan ingresos por 320 mil millones de pesos al año, una cifra que demuestra su impacto significativo en el país que los acoge.

No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es imperativo que el gobierno mexicano continúe sus esfuerzos diplomáticos, buscando aliados en Estados Unidos que comprendan la injusticia de esta medida. Debemos defender los derechos e intereses de nuestros migrantes, proteger el flujo vital de las remesas y garantizar el bienestar de millones de familias mexicanas.

Este no es un tema meramente económico, es una cuestión de justicia social, de respeto a los derechos humanos. Es un llamado a la solidaridad, a la empatía, a reconocer el valor del trabajo y el sacrificio de quienes, lejos de su tierra, luchan por un futuro mejor para sí mismos y para sus seres queridos. Es hora de unir nuestras voces y exigir que se retire definitivamente esta propuesta injusta y discriminatoria.