La precariedad laboral se ha convertido en una sombra alargada que oscurece el panorama económico de América Latina y el Caribe. Las cifras de desempleo, especialmente en el caso de las mujeres, pintan un cuadro desalentador. Un 14.1% de desempleo femenino en 2024, frente a un 8.4% masculino, no solo habla de una brecha de género, sino de una doble vulnerabilidad: la de ser mujer y la de estar excluida del sistema productivo formal. Esta realidad, lejos de ser una anomalía, se configura como una constante en nuestra región, donde la informalidad se presenta como una válvula de escape ante la falta de oportunidades, perpetuando un ciclo de precariedad y desigualdad.

La situación en Ecuador, con un desempleo del 4% en el primer trimestre de 2022, según el INEC, ilustra la complejidad de este problema. La pandemia del COVID-19, lejos de impulsar la creación de empleos dignos, agravó la situación, empujando a más personas hacia la informalidad. Este escenario se ve agravado por la evasión y elusión fiscal, prácticas que debilitan el Estado del Bienestar y socavan la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo social y económico. La informalidad no solo afecta a quienes la viven, sino que tiene un impacto negativo en todo el sistema, contribuyendo a la evasión tributaria, condicionando los procesos migratorios y exacerbando el crecimiento poblacional.

La corrupción y la falta de ética, lamentablemente, también juegan un papel crucial en este contexto. Casos como el del presidente Guillermo Lasso, acusado de utilizar la jurisdicción estadounidense para evadir impuestos, no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que normalizan prácticas que perpetúan la desigualdad. Estos ejemplos, lejos de ser aislados, se convierten en un peligroso modelo a seguir, democratizando la idea de que la elusión de responsabilidades fiscales es una práctica aceptable.

En este caldo de cultivo, el discurso de apoyo al emprendimiento y la inclusión se desvirtúa, convirtiéndose en una justificación para la precarización laboral. La uberización del empleo, con sus relaciones laborales efímeras y la ausencia de protecciones sociales, se presenta como la nueva normalidad. El capital, con su lógica implacable, promueve la idea de que un trabajo digno es un lujo que la economía no puede permitirse.

Se construye así un “no-lugar”, un espacio exento de moralidad donde la precariedad se normaliza y se alimenta a la economía formal con bienes y servicios producidos bajo condiciones de explotación. Como señala la CEPAL, el trabajo informal es la principal fuente de ingresos para muchos hogares en América Latina y el Caribe, con una tasa media de informalidad que ronda el 54%, según la OIT. Estas cifras no son simples estadísticas, son rostros, familias, historias de lucha por la supervivencia en un sistema que les niega oportunidades. Es imperativo romper este círculo vicioso y construir un modelo económico más justo e inclusivo, donde el trabajo digno sea la regla, no la excepción. La tarea es compleja, pero no imposible. Requiere un compromiso real de todos los actores involucrados: gobiernos, empresas, sociedad civil y organismos internacionales. El futuro de nuestra región depende de nuestra capacidad para construir un presente más justo y equitativo para todos.