Una creciente ola de descontento se extiende entre los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Las acusaciones apuntan directamente a Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a quien se señala de priorizar el control de las compras del Instituto, por encima de la eficiente administración del presupuesto estatal. Esta priorización, según las denuncias, se produce a tan solo seis meses de haber tomado protesta en su cargo.

La controversia se agudiza con la supuesta alianza entre Flores Jiménez y el director general del ISSEMYM, Ignacio Salgado García. A pesar de las advertencias sobre la mala gestión de Salgado García, particularmente en el área de seguridad social –encargada de autorizar dictámenes y emitir pagos de pensiones–, la colaboración entre ambos funcionarios parece inquebrantable. El ISSEMYM maneja un presupuesto que supera los siete mil millones de pesos, destinado a la contratación de bienes y servicios, uno de los más cuantiosos en el Estado de México. Este considerable monto, según los denunciantes, sería el epicentro del acuerdo: el control de las compras y adquisiciones del ISSEMYM para Flores Jiménez a cambio de la libertad de Salgado García para otorgar pensiones a discreción.

El historial de Salgado García previo a su llegada al ISSEMYM en diciembre de 2023, añade otra capa de complejidad al asunto. Se le acusa de haber “asesorado” a servidores públicos, pensionados y asociaciones sindicales minoritarias para interponer demandas contra el propio Instituto que ahora dirige. El objetivo de estas demandas, según los denunciantes, era incrementar el monto de las pensiones y acelerar su pago. Coincidentemente, desde su nombramiento, las demandas contra el ISSEMYM han experimentado un aumento superior al 400%. La mayoría de estas acciones legales prosperan, a pesar de que una persona de la entera confianza de Salgado García está al frente de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género. Esta situación, argumentan los afiliados, agrava la crisis financiera del Instituto.

En diciembre de 2024, se hicieron públicos audios de Salgado García proporcionando información y asesoría sobre trámites de pensiones, evidenciando un claro conflicto de intereses. Las fuentes consultadas afirman que estos acuerdos no serían posibles sin la complicidad de Victorino Barrios Dávalos, Contralor Interno del ISSEMYM. A cambio de ignorar estas irregularidades, Barrios Dávalos habría negociado con el secretario de Finanzas el apoyo para su candidata a la rectoría de la UAEMEX. Este apoyo, presuntamente, lo liberaría de las investigaciones en su contra por su gestión como contralor interno en dicha universidad.

Esta red de alianzas, según las denuncias, ha transformado al Órgano Interno del ISSEMYM en un instrumento de intimidación y hostigamiento contra aquellos que el secretario de Finanzas y el director general consideran sus adversarios, o aquellos cuya permanencia en el Instituto no conviene a sus intereses personales. Quienes se atreven a oponerse a estas prácticas y a denunciarlas públicamente, se convierten en blanco de denuncias anónimas destinadas a desprestigiarlos.

La situación se agrava con las supuestas amenazas de Ignacio Salgado García a los servidores públicos que no acatan sus instrucciones, argumentando que el Contralor recibe órdenes directas de él, lo cual vulnera la autonomía del órgano. Esta atmósfera de intimidación y control genera una profunda preocupación entre los afiliados al ISSEMYM, quienes temen por el futuro de la institución y la seguridad de sus prestaciones. La demanda por transparencia y rendición de cuentas se hace cada vez más urgente, en un contexto donde las denuncias de corrupción y manejos irregulares amenazan la estabilidad del Instituto.