La jornada electoral del próximo domingo marca un hito sin precedentes en la historia de nuestra nación. Por primera vez, la ciudadanía tendrá en sus manos el poder de elegir, de forma directa, libre y secreta, a los jueces, magistrados y ministros que conformarán el Poder Judicial. Este acto trascendental nos sitúa en un momento crucial de nuestra evolución democrática, un punto de inflexión que nos aleja definitivamente de los resabios autoritarios del pasado y nos acerca a un futuro donde la soberanía popular se ejerce en plenitud.

Recordemos que, hasta ahora, la designación de las altas autoridades judiciales se realizaba a través de complejos mecanismos, a menudo opacos, donde la participación ciudadana era prácticamente nula. Este sistema, heredado de épocas pasadas, generaba desconfianza y perpetuaba la idea de un Poder Judicial alejado de las necesidades y aspiraciones del pueblo. La elección del domingo rompe con esa tradición y coloca al pueblo en el centro de la toma de decisiones, tal como lo consagra el artículo 39 de nuestra Constitución.

Este cambio no es un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de transformación del régimen político, un proceso impulsado por la voluntad inquebrantable del pueblo de construir una democracia más sólida y participativa. Es la materialización del principio fundamental de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Con cada voto depositado en las urnas, estaremos reafirmando nuestra soberanía y construyendo un Poder Judicial más legítimo y representativo.

Como es natural en todo proceso de cambio profundo, existen resistencias. Voces que se alzan contra la democratización del Poder Judicial, argumentando supuestos riesgos e inconvenientes. Son los mismos que en el pasado se opusieron al sufragio universal, al voto de las mujeres y de las minorías. Son aquellos que defienden una democracia restringida, limitada a los intereses de las élites económicas y políticas. Aquellos que, como Ernesto Zedillo, ven con recelo la participación popular en decisiones que afectan los privilegios de los grandes consorcios.

Estos sectores temen que un Poder Judicial elegido por el pueblo pueda poner fin a la impunidad que ha protegido a las grandes fortunas, que pueda exigir el pago justo de impuestos, que pueda investigar y sancionar los actos de corrupción que han empobrecido a la nación. Temen, en definitiva, la fuerza de un pueblo consciente de sus derechos y dispuesto a ejercerlos.

Sin embargo, la marea de la historia es imparable. La democratización del Poder Judicial es un paso irreversible hacia una sociedad más justa e igualitaria. Es cierto que aún existen desafíos por delante, como la necesidad de mejorar la información y la difusión de las propuestas de los candidatos, pero estos desafíos se irán superando con la experiencia y la participación activa de la ciudadanía.

Por eso, este domingo, la invitación es a participar activamente en este ejercicio histórico. Vayamos a las urnas con la convicción de que nuestro voto es una herramienta poderosa para transformar la realidad. Elijamos con responsabilidad a los jueces, magistrados y ministros que representarán nuestros intereses y defenderán nuestros derechos. Construyamos juntos un Poder Judicial al servicio del pueblo. No dejemos que el miedo ni la apatía nos impidan ser protagonistas de este cambio trascendental. El futuro de nuestra democracia está en nuestras manos.