La tensión se palpa en el aire de Mecatlán, Hidalgo. Un silencio incómodo, roto solo por los murmullos preocupados, ha reemplazado la algarabía que usualmente precede a la Feria de Corpus Christi. La fiesta, tradicionalmente un símbolo de unidad y celebración, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que ha dividido a la comunidad y puesto en jaque la libertad de expresión. La chispa que encendió la polémica fue la crítica de un profesor del COBAEH, Plantel Santa Teresa, a la millonaria inversión destinada a la contratación de grupos musicales de narcocorridos para la feria. Sus palabras, cargadas de preocupación por el bienestar de la comunidad, resonaron como un eco disidente en medio de la euforia festiva.

"No aportan en nada", sentenció el docente, cuestionando la decisión de priorizar el entretenimiento por encima de las necesidades apremiantes de Mecatlán. Su voz, solitaria al principio, comenzó a encontrar eco en algunos sectores de la población, quienes compartían su inquietud por el despilfarro de recursos públicos en un contexto de carencias. "¿De qué nos sirven los narcocorridos si no tenemos agua potable?", se preguntaban algunos habitantes, recordando la grave crisis hídrica que azota a la comunidad. La necesidad de un nuevo pozo de agua, la construcción de bibliotecas, el mejoramiento de los servicios básicos: las demandas postergadas se agolpaban en la memoria colectiva, contrastando con la opulencia prometida por los festejos.

La respuesta de la alcaldesa Francisca Lara Velázquez no se hizo esperar. Enfrentada a la presión de un sector de la población que exigía la liberación de 4 millones 416 mil pesos para la contratación de las bandas, la alcaldesa se vio obligada a navegar en un mar de contradicciones. Por un lado, la necesidad de responder a las demandas de la comunidad y, por el otro, la responsabilidad de administrar los recursos públicos con prudencia. La cifra solicitada, según las autoridades municipales, superaba con creces la disponibilidad presupuestaria. Un millón de pesos era el máximo que podían destinar al rubro musical, una cifra que, si bien considerable, distaba mucho de la solicitada por los fervientes defensores de los narcocorridos.

La negativa del gobierno local desató la furia contenida. Las calles, antes adornadas con la promesa de la fiesta, se convirtieron en escenario de protestas y movilizaciones. El cierre de carreteras, una medida extrema que evidencia la gravedad del conflicto, paralizó la actividad de la comunidad y puso en alerta a las autoridades estatales. Mientras tanto, el profesor, símbolo de la disidencia, permanece encarcelado, convirtiéndose en un mártir para quienes defienden su derecho a expresar su opinión. Su encarcelamiento ha añadido una nueva capa de complejidad al conflicto, transformando una discusión sobre la asignación de recursos en una batalla por la libertad de expresión.

¿Es la inversión en espectáculos musicales una prioridad para Mecatlán? ¿Se justifica el gasto en un contexto de carencias básicas? ¿Qué mensaje envía el encarcelamiento del profesor a quienes se atreven a cuestionar las decisiones de las autoridades? Estas son solo algunas de las preguntas que flotan en el aire de Mecatlán, un pueblo dividido entre la tradición festiva y la urgente necesidad de atender sus problemas más profundos. La Feria de Corpus Christi, antes un símbolo de unidad, se ha convertido en un espejo que refleja las profundas divisiones y los desafíos que enfrenta esta comunidad hidalguense. El futuro de Mecatlán, y la libertad de su profesor, dependen de la respuesta que se dé a estas preguntas.