La propuesta del abogado Irving Espinosa Betanzo, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuena con fuerza en un momento crucial para el sistema judicial mexicano. Su llamado a separar la justicia del poder económico, pronunciado en la histórica Plaza de las Tres Culturas, pone el dedo en la llaga de una problemática que ha minado la confianza ciudadana durante décadas. ¿Es posible que las decisiones judiciales se vean influenciadas por intereses económicos? ¿Hasta qué punto la riqueza otorga un acceso privilegiado a la justicia? Estas son las preguntas que Espinosa Betanzo plantea, y que sin duda, deben ser abordadas con seriedad.

Su diagnóstico del Poder Judicial como un “poder familiar”, donde las influencias personales prevalecen sobre el debido proceso, es una acusación grave que requiere una profunda investigación. La idea de que los asuntos se resuelven “con los familiares” y no en los tribunales, dibuja un panorama preocupante que alimenta la percepción de un sistema opaco y poco equitativo. Si quienes ya forman parte del sistema reconocen la necesidad de una transformación, como afirma Espinosa Betanzo, ¿por qué no se han implementado las reformas necesarias? ¿Cuáles son las resistencias internas que impiden una verdadera renovación?

La afirmación de que "el que tiene más dinero es el que más acceso tiene a los jueces" no es nueva, pero cobra especial relevancia viniendo de un aspirante a la máxima instancia judicial del país. Esta percepción, arraigada en la sociedad, socava la credibilidad de las instituciones y genera un profundo sentimiento de injusticia. El hecho de que “el inocente vaya con miedo a los tribunales”, como señala Espinosa Betanzo, es una paradoja que refleja la desigualdad de condiciones entre quienes buscan justicia. Mientras algunos cuentan con recursos para contratar a los mejores abogados y navegar las complejidades del sistema, otros se enfrentan a un laberinto burocrático con pocas posibilidades de éxito.

La experiencia de Espinosa Betanzo como consejero ciudadano en procesos electorales le otorga una perspectiva única sobre el funcionamiento del sistema. Su recorrido por diferentes entidades del país, desde el Estado de México hasta Tamaulipas, le ha permitido palpar de cerca las inquietudes de la ciudadanía. El consenso social sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, que él asegura haber encontrado, es un indicador claro del clamor popular por un cambio.

Las críticas de Espinosa Betanzo a decisiones de la Corte, como las relacionadas con la libertad de comercio de los vapeadores "en perjuicio de la salud de la gente", o los fallos que permitieron la privatización de bancos y el anatocismo, abren un debate fundamental sobre el rol del Poder Judicial en la protección de los derechos ciudadanos. ¿Debe la Corte priorizar los intereses económicos por encima de la salud pública? ¿Es legítimo que las decisiones judiciales favorezcan a las grandes corporaciones en detrimento del bienestar colectivo?

La candidatura de Irving Espinosa Betanzo a la SCJN inyecta una dosis de esperanza en un contexto de desconfianza hacia las instituciones. Su propuesta de separar la justicia del poder económico es un paso fundamental para construir un sistema judicial más justo, equitativo y transparente. El camino hacia la reforma judicial es largo y complejo, pero la voz de Espinosa Betanzo, junto con las voces de quienes claman por un cambio, puede ser el impulso necesario para lograr una verdadera transformación. El primero de junio marcará un hito en la historia del Poder Judicial en México, y la decisión de los electores será crucial para determinar el futuro de la justicia en el país.