La sombra del crimen organizado se extiende sobre México, dejando una estela de violencia e impunidad que nos obliga a confrontar una realidad ineludible. El reciente asesinato de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no es un hecho aislado, sino un síntoma alarmante de la capacidad de estas organizaciones criminales para desafiar al Estado y sembrar el terror en la sociedad. Este acto cobarde, más allá de la tragedia humana que representa, es un mensaje directo al gobierno: una demostración de fuerza, una advertencia de que ningún funcionario, por más cercano que sea al poder, está a salvo de sus garras.

Resulta ineludible cuestionar las políticas de seguridad implementadas hasta el momento. ¿Cómo es posible que, en un contexto de violencia creciente, se haya desestimado la protección de funcionarios clave en la lucha contra el crimen? La supresión de protocolos de seguridad, bajo el argumento de ser "excesos" o "lujos innecesarios", se revela ahora como una negligencia imperdonable. Es inconcebible que, ante el poderío logístico y el armamento pesado de estos grupos – comparable al del propio ejército –, no se hayan previsto medidas para salvaguardar la integridad de quienes están en la primera línea de combate. El atentado fallido contra el Secretario de Seguridad en 2020 debió ser una señal de alerta, una llamada a reforzar la protección de quienes se enfrentan a diario con la amenaza criminal.

José Muñoz, enlace del gobierno con la policía, y Ximena Guzmán, mano derecha de la Jefa de Gobierno, eran piezas fundamentales en la estrategia de seguridad de la ciudad. Su cercanía al poder y la información sensible que manejaban los convertían en objetivos prioritarios para el crimen organizado. Negarles la protección mínima que merecían es una falla grave que nos obliga a reflexionar sobre la verdadera prioridad que se le otorga a la seguridad de los funcionarios y, por extensión, a la de todos los ciudadanos.

Mientras el gobierno se empeña en maquillar la realidad, ocultando las cifras de homicidios y presentando una imagen distorsionada del país, la violencia continúa desbordándose. No podemos seguir viviendo en una "realidad alterna" donde se ignoran los hechos y se minimiza la gravedad de la situación. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos, sin importar nuestro cargo o posición social. Estados y municipios enteros se encuentran sometidos al poder del crimen organizado, y la amenaza se extiende incluso a los candidatos que buscan un cambio en el panorama político. Los asesinatos y las amenazas a candidatos son una muestra más de la impunidad con la que operan estos grupos y la necesidad urgente de tomar medidas contundentes.

Es momento de que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México asuman su responsabilidad en esta crisis de seguridad. Necesitamos un cambio de rumbo, una estrategia integral que garantice la protección de los funcionarios públicos y, sobre todo, el derecho de todos los mexicanos a vivir en paz y con dignidad. No podemos seguir permitiendo que el miedo y la violencia dicten el curso de nuestro país. Exigimos un compromiso real con la seguridad, una acción decidida que nos permita recuperar la tranquilidad y construir un futuro donde la vida de todos sea valorada y protegida. Es hora de trabajar por una vida mejor y más digna para todos, un México donde la justicia y la seguridad sean una realidad y no una simple aspiración.