La llegada de las plataformas digitales ha transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. En México, este cambio ha sido particularmente significativo, con millones de personas utilizando aplicaciones para acceder a servicios de transporte, entrega de comida y otras necesidades diarias. Este nuevo modelo de trabajo, sin embargo, plantea importantes interrogantes sobre cómo garantizar la protección y los derechos de quienes se dedican a estas actividades. La reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entrará en vigor en junio de 2025, representa un paso crucial para abordar estas cuestiones, aunque aún persisten desafíos importantes que requieren un análisis profundo y un diálogo constructivo.

Uno de los puntos centrales de debate es la definición del "ingreso neto" de los trabajadores de plataformas. Este concepto, aparentemente técnico, tiene un impacto directo en la vida de miles de personas que dependen de estas aplicaciones para su sustento. No se trata simplemente de un cálculo contable, sino del corazón mismo de una implementación justa y equitativa de la ley. Es fundamental comprender que los ingresos brutos que un repartidor o conductor recibe no reflejan su ganancia real. De ese total, deben descontarse los gastos operativos esenciales, como la gasolina, el mantenimiento del vehículo, las llantas, las refacciones, e incluso, en el caso de bicicletas y motos, las baterías y otros accesorios. Pretender que las contribuciones a la seguridad social se calculen sobre la base del ingreso bruto, sin considerar estos costos, sería no solo injusto, sino también contraproducente.

Imaginemos a un repartidor que utiliza su propia motocicleta para realizar entregas. De cada viaje, debe reservar una parte para cubrir el desgaste de su vehículo, el costo de la gasolina, los seguros y, por supuesto, el mantenimiento periódico que requiere una moto en constante uso. Si las contribuciones se calculan sobre el total de sus ingresos, sin deducir estos gastos, se estaría obligando al trabajador a pagar por el simple hecho de trabajar, erosionando su capacidad de generar ingresos y poniendo en riesgo su propia subsistencia.

Además, esta situación podría desincentivar la formalización y la inscripción en la seguridad social, precisamente lo contrario de lo que la ley busca lograr. Si el costo de la formalización es excesivamente alto, muchos trabajadores podrían optar por permanecer en la informalidad, perdiendo así la oportunidad de acceder a los beneficios y protecciones que ofrece la seguridad social. Esto crearía un círculo vicioso que perjudicaría tanto a los trabajadores como al sistema en su conjunto.

Por ello, es crucial que la definición de "ingreso neto" sea precisa, justa y que refleje la realidad de los trabajadores de plataformas. Se deben considerar las particularidades de cada tipo de vehículo: no es lo mismo el costo operativo de una bicicleta que el de una motocicleta o un automóvil. Un cálculo adecuado debe tomar en cuenta estos factores para garantizar que las contribuciones sean proporcionales a las ganancias reales y no representen una carga excesiva para los trabajadores.

La discusión sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales es un tema complejo que requiere la participación de todos los actores involucrados. Es necesario un diálogo abierto y transparente entre el gobierno, las plataformas y los propios trabajadores para encontrar soluciones que sean justas, sostenibles y que promuevan el crecimiento de este sector clave de la economía. Solo a través de la colaboración y el entendimiento mutuo podremos construir un futuro en el que las plataformas digitales y sus comunidades prosperen juntas, en beneficio de todos los mexicanos.