La amenaza de un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos se cierne como una espada de Damocles sobre millones de familias mexicanas. Imaginen, por un instante, la angustia de quienes dependen de esos recursos para subsistir, para alimentar a sus hijos, para pagar la escuela o para cubrir gastos médicos. Esos 390 dólares que, en promedio, un migrante envía mensualmente a su hogar, representan mucho más que una simple cifra: son el sudor, el sacrificio y la esperanza de una vida mejor. Son el vínculo tangible con una tierra amada, con una familia que espera.

Este impuesto, propuesto en el proyecto republicano “The One Big Beautiful Bill”, no solo es injusto, sino que es un golpe directo a la economía mexicana. Hablamos de 68 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 4% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cómo podemos permitir que se ponga en riesgo una fuente de ingresos tan vital, especialmente para las comunidades rurales donde la pobreza aprieta con mayor fuerza? El Coneval nos lo recuerda con crudeza: el 36.3% de la población rural vive en la precariedad. Para ellos, las remesas son un salvavidas.

Y no solo se trata de México. Este impuesto afectaría a migrantes de diversas nacionalidades, desde India hasta El Salvador, generando un efecto dominó de consecuencias impredecibles. En Estados Unidos, la medida golpearía incluso a migrantes legales, portadores de visas H-1B o green cards, personas que contribuyen a la economía estadounidense, que pagan impuestos y que, con su trabajo honesto, tejen el entramado social de ese país. Es paradójico, e incluso cínico, que un gobierno que se precia de defender la libertad económica, proponga una medida que castiga el esfuerzo y la solidaridad de los migrantes. Además, ¿han considerado el impacto en la propia economía estadounidense? El 80% de los ingresos de estos trabajadores se queda allá, impulsando el consumo y generando empleos. ¿Es lógico entonces, cercenar esa fuente de dinamismo económico?

Las consecuencias de este impuesto van más allá de lo económico. En México, podría agravar la desigualdad social, generar mayor inestabilidad y, en el peor de los casos, incentivar la migración irregular. En Estados Unidos, reforzaría la estigmatización de los migrantes, alimentando prejuicios y discursos de odio. Recordemos que estos migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, por lo que esta medida constituiría una doble tributación, un acto de injusticia flagrante.

Ante este escenario, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es imperativo actuar con decisión y unidad. Desde el Senado, seguiremos alzando la voz, exigiendo un diálogo binacional que respete los derechos de nuestros migrantes. Debemos fortalecer los programas de apoyo a las familias receptoras de remesas, impulsando la capacitación y el emprendimiento para que puedan generar sus propios ingresos. Y, fundamentalmente, debemos unir fuerzas con otros países afectados, presentar un frente común ante el Congreso estadounidense y defender los intereses de nuestras comunidades.

Este es un llamado a la unidad nacional, a dejar de lado las diferencias partidistas y a trabajar juntos por el bienestar de nuestra gente. Las remesas no son solo dinero, son el reflejo del amor, del esfuerzo y la esperanza de millones de mexicanos que, a pesar de la distancia, mantienen un vínculo irrompible con su patria. Desde el Senado, trabajaré incansablemente para proteger a nuestras familias y construir un México más justo y solidario. Porque cuando defendemos a los nuestros, fortalecemos a la nación. A la comitiva de senadoras y senadores que viajan a Washington para negociar con los congresistas estadounidenses, les deseo el mayor de los éxitos en esta crucial misión. El futuro de millones de familias mexicanas está en juego.