La lucha contra el crimen organizado en México continúa dando frutos, con resultados impactantes que demuestran el compromiso de las autoridades por restablecer la paz y la seguridad en el país. Desde el pasado 5 de febrero, una ofensiva coordinada ha logrado desarticular importantes células delictivas, incautando un arsenal considerable y deteniendo a miles de personas involucradas en actividades ilícitas.

Las cifras, de por sí contundentes, hablan por sí solas: 3,597 detenciones, un número que refleja la magnitud del operativo y la eficacia de las estrategias implementadas. Imaginen la cantidad de investigaciones, la meticulosa labor de inteligencia y la valentía de los agentes desplegados en el terreno para lograr estas aprehensiones. Detrás de cada una de estas detenciones hay una historia, un eslabón roto en la cadena del crimen que contribuye a la construcción de un México más seguro.

Pero no solo se trata de detenciones. El decomiso de 3,003 armas de fuego representa un golpe significativo al poder de fuego de las organizaciones criminales. Cada arma retirada de las calles es una potencial tragedia evitada, una vida salvada. Sumemos a esto la incautación de más de medio millón de cartuchos, 14,584 cargadores y una cantidad considerable de droga, incluyendo la letal y altamente adictiva droga conocida como fentanilo, una sustancia que ha causado estragos en comunidades enteras. Estas cifras son una clara muestra del compromiso por combatir el narcotráfico y sus devastadoras consecuencias.

Más allá de las frías estadísticas, es importante destacar la meticulosidad con la que se llevan a cabo estas operaciones. El respeto a los derechos humanos y el apego al Estado de derecho son principios inquebrantables que guían cada acción. Esto garantiza la legitimidad del proceso y fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad.

En un recorrido por los estados donde se han concentrado estas acciones, encontramos ejemplos concretos de los logros alcanzados. En Baja California, específicamente en San Felipe, y también en Culiacán, Sinaloa, la remoción de cámaras de videovigilancia y repetidoras instaladas ilegalmente representa un duro golpe a la capacidad de vigilancia y control territorial de los grupos delictivos. Estas acciones no solo desmantelan su infraestructura, sino que también envían un mensaje claro: el Estado está recuperando el control del espacio público.

En Sonora, las acciones también han sido contundentes. En San Luis Río Colorado, el decomiso de armas, drogas y dinero en efectivo representa una victoria en la lucha contra el narcomenudeo, una actividad que afecta directamente la seguridad de las comunidades. Mientras tanto, en Guaymas, la incautación de metanfetamina y un inmueble demuestra el compromiso por desmantelar las redes de distribución de drogas y cortar el flujo de estas sustancias ilícitas.

Estas acciones son solo una muestra del trabajo continuo que se realiza en todo el país. La lucha contra el crimen organizado es una tarea compleja y de largo aliento, pero los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que vamos por el camino correcto. El compromiso de las autoridades, la colaboración ciudadana y la aplicación de la ley son las claves para construir un México en paz, un México donde las familias puedan vivir tranquilas y sin miedo. La batalla continúa, y cada paso que damos nos acerca a un futuro más seguro para todos.