La Cuarta Transformación (4T) ha sido un período de intensos debates y cambios profundos en el panorama político mexicano. Uno de los temas más controvertidos es la reforma al Poder Judicial y la elección popular de sus integrantes. Mientras algunos celebran estas medidas como un paso hacia una mayor democratización y una lucha frontal contra la corrupción, otros las perciben como un ataque a la independencia de este poder y un riesgo para el equilibrio institucional.

Desde la perspectiva del gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, la reforma se justifica por la necesidad de erradicar la corrupción, el nepotismo y la impunidad que, según se argumenta, han plagado al Poder Judicial durante décadas. La falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población, la liberación discrecional de delincuentes y la oposición a iniciativas legislativas impulsadas por el Congreso son algunos de los argumentos esgrimidos para defender la transformación del sistema judicial.

Sin embargo, estas reformas no están exentas de críticas. Muchos analistas y actores políticos advierten sobre los peligros de someter al Poder Judicial a las presiones políticas derivadas de una elección popular. Argumentan que la independencia judicial es fundamental para garantizar un Estado de Derecho y proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de las minorías. La politización de la justicia, advierten, podría conducir a decisiones basadas en intereses partidistas y no en la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley.

El debate se torna aún más complejo al considerar el contexto histórico y político en el que se desarrollan estas reformas. La 4T se presenta como un movimiento de transformación profunda, que busca romper con las estructuras de poder tradicionales. En este contexto, la reforma al Poder Judicial se enmarca dentro de una lucha más amplia contra la corrupción y la impunidad, que el gobierno identifica como males endémicos del sistema político mexicano.

Sin embargo, críticos argumentan que esta lucha contra la corrupción no debe llevarse a cabo a costa de la independencia de las instituciones. Señalan la importancia de un Poder Judicial autónomo como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo, y como garante del respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

En este escenario, es crucial analizar con detenimiento las implicaciones de la reforma al Poder Judicial. Más allá de las posturas a favor o en contra, es necesario un debate informado y plural que permita comprender las complejidades del tema y encontrar soluciones que fortalezcan el Estado de Derecho y garanticen la justicia para todos los mexicanos. La ciudadanía debe ser un actor activo en este proceso, informándose y participando en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo. El futuro del Poder Judicial y, en última instancia, de la democracia mexicana, depende de ello. La historia nos ha enseñado, como bien lo apunta Maquiavelo, que la introducción de nuevas leyes siempre genera resistencia, pero la discusión abierta y la búsqueda de consensos son fundamentales para lograr una verdadera transformación.