El debate sobre la participación ciudadana en los procesos electorales se ha avivado tras las recientes declaraciones de Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena. La dirigente partidista abordó la cuestión de la afiliación política de aspirantes a observadores electorales para las próximas elecciones del Poder Judicial, un tema que ha generado controversia y que pone sobre la mesa la compleja relación entre militancia política y la imparcialidad en la observación electoral.

Alcalde Luján defendió la legitimidad de la participación de militantes de Morena en el proceso de registro de observadores, argumentando que no existe irregularidad alguna en el hecho de que ciudadanos afiliados a un partido político busquen involucrarse en la vigilancia de los comicios. Su postura se basa en la premisa de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo responsable de validar o rechazar las solicitudes, actuando como filtro para garantizar la idoneidad de los observadores. “No le vemos ninguna irregularidad. En todo caso es el INE el que está identificando eso y no dándole la acreditación”, afirmó la presidenta de Morena.

Sin embargo, esta afirmación abre un interrogante crucial: ¿es suficiente la simple revisión del INE para garantizar la imparcialidad de los observadores? La preocupación radica en la posibilidad de que la afiliación política influya en la percepción y el juicio de los observadores, pudiendo comprometer la objetividad del proceso. Si bien la ley no prohíbe la participación de militantes, la ética y la percepción pública demandan un escrutinio riguroso para evitar cualquier sombra de duda sobre la transparencia del proceso electoral.

La magnitud de la militancia de Morena, que según Alcalde Luján se acerca a los diez millones de afiliados, añade otra capa de complejidad al debate. Con un número tan considerable de miembros, la probabilidad de que militantes de Morena se presenten como observadores electorales aumenta significativamente. Esto plantea la necesidad de mecanismos más robustos para asegurar la imparcialidad y la confianza en la observación electoral. ¿Es necesario revisar los criterios de selección de observadores?, ¿deberían implementarse protocolos específicos para la participación de militantes?, ¿es conveniente establecer cuotas de representación para diferentes afiliaciones políticas?

El tema trasciende la simple acreditación por parte del INE. Se trata de la percepción de imparcialidad y de la confianza ciudadana en el proceso electoral. La participación ciudadana es fundamental para la democracia, pero debe ejercerse con responsabilidad y con garantías de objetividad. En un contexto de creciente polarización política, la figura del observador electoral adquiere una importancia capital. Es necesario un debate profundo y sereno para fortalecer los mecanismos que aseguren la transparencia y la legitimidad de nuestros procesos electorales.

La propia Alcalde Luján reconoció que el tema abre un debate sobre la participación ciudadana en estos procesos, especialmente con una militancia masiva en partidos políticos. Es un debate que debemos afrontar con madurez y responsabilidad para garantizar la salud de nuestra democracia. No se trata de excluir a nadie, sino de establecer las reglas claras que permitan una participación ciudadana plena, informada y, sobre todo, imparcial. El futuro de nuestra democracia depende de ello.