En un contexto marcado por la creciente preocupación sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa como instrumento de castigo anticipado y control político, el fallo del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte se erige como un faro de esperanza para la justicia constitucional. Este fallo, que valida la posibilidad de otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios en casos de prisión preventiva oficiosa, se convierte en un acto de resistencia frente a la inercia punitivista del sistema y la reciente reforma al artículo 19 constitucional. Más allá de un tecnicismo legal, representa la reivindicación de la presunción de inocencia como pilar fundamental del debido proceso.

La trascendencia de esta decisión judicial radica en su afirmación de la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional. Al reconocer la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pleno Regional refuerza la protección contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Este acto de valentía judicial se contrapone a la tendencia —cada vez más preocupante— de instrumentalizar el derecho penal con fines políticos. En un país donde un porcentaje alarmante de la población carcelaria no ha sido sentenciada, la normalización de la prisión preventiva oficiosa equivale a la renuncia a un juicio justo, condenando a la incertidumbre y la desesperanza a quienes se presumen inocentes.

La ejecutoria, al amparar la jurisprudencia que permite la revisión judicial de la prisión preventiva oficiosa, abre una brecha de esperanza en un sistema que, a menudo, parece inclinado a la automatización del encarcelamiento. Sin embargo, este triunfo judicial no debe opacar la realidad de un sistema de justicia bajo presión. La reforma del 31 de diciembre de 2024, con su mandato de aplicación literal del catálogo de delitos sujetos a prisión automática, representa una amenaza latente a la independencia judicial y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales. Este tipo de directrices, que buscan homogeneizar el criterio judicial y limitar la interpretación jurídica, ponen en riesgo la garantía de un juicio justo.

La situación actual nos obliga a reflexionar sobre el futuro del sistema judicial mexicano. ¿Nos encaminamos hacia un modelo garantista, donde la presunción de inocencia sea el principio rector, o hacia un sistema autoritario que privilegia el encarcelamiento sin juicio? La respuesta a esta pregunta dependerá, en gran medida, de la capacidad del poder judicial para resistir las presiones políticas y mantener su independencia como garante de los derechos ciudadanos. La decisión del Pleno Regional, si bien alentadora, podría ser una excepción en un contexto de creciente subordinación del sistema de justicia a intereses políticos. El riesgo de que la prisión preventiva oficiosa se convierta en la regla y la libertad en la excepción es real y amerita la atención y la acción de la sociedad civil.

El fallo del Pleno Regional es un llamado a la vigilancia ciudadana y a la defensa del Estado de Derecho. Es una oportunidad para replantear el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y exigir un sistema de justicia que priorice la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de los derechos humanos. El futuro de la justicia en México está en juego, y la participación activa de la ciudadanía es crucial para garantizar un sistema justo y equitativo para todos.