La llegada de Ronald Johnson a la embajada estadounidense en México genera una atmósfera de incertidumbre y expectación en el ámbito comercial y de seguridad. Si bien su experiencia en las Fuerzas Especiales y la CIA podría fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, su enfoque implacable y el uso de agencias de inteligencia podrían tensar las relaciones diplomáticas. La designación de ciertos cárteles mexicanos como “terroristas” por parte del Departamento de Estado, bajo la influencia de Marco Rubio, añade un elemento de presión y podría llevar a una mayor intervención estadounidense en asuntos internos de México. La “Lista Marco”, que incluye a figuras políticas mexicanas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, se convierte en un factor crucial en la renegociación del T-MEC. Este escrutinio minucioso de la probidad moral y económica de los participantes en la renegociación podría generar fricciones y desconfianza entre ambos países. El caso del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y su relación con el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), liderado por Alejandro Martínez Araiza, ejemplifica las preocupaciones de Estados Unidos respecto a la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito laboral mexicano. La sospecha de operaciones opacas y la falta de claridad en las finanzas sindicales son elementos que podrían obstaculizar el avance de las negociaciones del T-MEC, especialmente en el nuevo capítulo laboral. La desconfianza del gobierno estadounidense hacia ciertos líderes obreros, a pesar de los esfuerzos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la embajada estadounidense, añade complejidad a la situación.

El caso de New Fortress Energy (NFE) y su propietario, Wes Edens, ilustra las posibles consecuencias de las malas prácticas empresariales y la falta de transparencia. Las demandas millonarias contra NFE en Estados Unidos por fraude y las acusaciones de manipulación de información financiera ponen en entredicho la viabilidad de proyectos clave como el de gas natural licuado en Altamira, Tamaulipas, en asociación con la CFE. La cercanía de Edens con el exembajador Ken Salazar y el supuesto "endulzamiento" de oídos al presidente López Obrador plantean interrogantes sobre la influencia de las relaciones personales en las decisiones gubernamentales y la posibilidad de que se hayan pasado por alto señales de alerta. La salida paulatina de altos ejecutivos de NFE, desde el Jefe de Operaciones hasta la Jefa de Contabilidad, sugiere una crisis interna y una posible incapacidad para cumplir con sus compromisos. Este caso, como una "bomba de tiempo", podría afectar la relación bilateral y generar tensiones en el sector energético.

En el ámbito político interno, la anticipación por la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial genera especulaciones y movimientos estratégicos. La propuesta de nombres por parte del ala dura de Morena, vinculados a instituciones como el Instituto Electoral de la CDMX, la UNAM, la Secretaría de Seguridad capitalina, el Tribunal Electoral local y la Fiscalía General de la República, revela la importancia que este nuevo órgano tendrá en el panorama jurídico mexicano. La posibilidad de que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga más poder que la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera inquietud y debate sobre el equilibrio de poderes. La evaluación positiva de Fany Jiménez, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, destaca la importancia de la idoneidad, la ética y la solidez técnica en la selección de los miembros de este nuevo tribunal.

Finalmente, la adjudicación directa del contrato para el bacheo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Laboratorio de Ingeniería, a pesar de los antecedentes de trabajos de mala calidad en la pista 05 Derecha 23 Izquierda, genera dudas sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos públicos. La asignación de un contrato millonario a una empresa con un historial cuestionable plantea interrogantes sobre los criterios de selección y la posibilidad de favoritismo. Este tipo de decisiones puede afectar la imagen del aeropuerto y generar desconfianza en la administración pública.