La tragedia que envolvió el asesinato de Valeria Márquez ha dejado una profunda huella, no solo por la brutalidad del acto en sí, sino también por la vorágine de especulaciones y acusaciones que le han seguido. El dedo acusador, muchas veces impulsado por la inmediatez y el anonimato de las redes sociales, se ha posado sobre Erika, la joven que compartía espacio con Valeria en esos últimos momentos. ¿Es justo someter a alguien a un juicio público, basado en fragmentos de video y conjeturas sin fundamento? La respuesta, sin duda, es no.

El trauma de presenciar un evento tan violento es inimaginable. Erika, en lugar de encontrar consuelo y apoyo, se ha visto envuelta en una tormenta de señalamientos, convertida en el blanco de una cacería digital impulsada por la desinformación y el morbo. Imaginen por un instante estar en su lugar: el shock del momento, la impotencia ante la agresión, y luego, la carga adicional de ser señalada, cuestionada, y virtualmente condenada por una multitud anónima. Es una revictimización cruel e injusta.

La decisión de Erika de detener la transmisión, un acto que ha sido interpretado de mil maneras, puede entenderse desde la perspectiva del horror y la confusión. Ante una situación tan abrumadora, ¿quién puede pensar con claridad y actuar de forma “correcta” según los estándares de quienes observan desde la distancia y la comodidad de sus pantallas? Interrumpir la transmisión pudo ser un intento desesperado de preservar la dignidad de Valeria en sus últimos momentos, de evitar que la imagen de su muerte se convirtiera en un espectáculo macabro viralizado hasta el infinito. Un acto reflejo, quizás, ante la magnitud del horror presenciado.

Es fundamental recordar que la justicia no se imparte en las redes sociales. La Fiscalía de Jalisco tiene la responsabilidad de investigar, recopilar pruebas y determinar las circunstancias del crimen. Mientras tanto, es nuestro deber como sociedad preservar la presunción de inocencia y evitar convertirnos en jueces y verdugos virtuales. El linchamiento mediático no solo es injusto, sino que también puede obstruir la investigación y dificultar el acceso a la verdad.

La abogada de Erika, Jazmín Escamilla, ha alzado la voz en defensa de su clienta, no para negar la justicia, sino para reclamar el derecho a un debido proceso, a la protección ante el acoso y las difamaciones. Su llamado a la empatía y a la responsabilidad en el uso de las redes sociales es un recordatorio de que detrás de cada nombre de usuario, hay una persona real, con sentimientos y derechos que deben ser respetados. En lugar de alimentar la espiral de odio y especulación, debemos exigir una investigación exhaustiva y transparente, y brindar apoyo a quienes, como Erika, se han visto atrapados en la tragedia. La búsqueda de justicia no debe ser sinónimo de linchamiento público. Es momento de reflexionar sobre nuestro rol en la construcción de una sociedad más justa y compasiva, donde la presunción de inocencia sea un principio fundamental y no una víctima más de la era digital.