La brutal ejecución de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno nos sacude y nos obliga a confrontar una realidad ineludible: la violencia se ha infiltrado en los niveles más altos de la administración pública, desafiando la seguridad y la justicia en el corazón de la capital. No podemos, ni debemos, minimizar la gravedad de estos hechos. Dos vidas truncadas, dos familias destrozadas, y una ciudad que se pregunta, con justificada angustia, ¿qué está pasando?

Más allá del dolor inmediato, este doble homicidio expone una vulnerabilidad preocupante. A pesar de la imponente infraestructura de seguridad, con más de 90 mil policías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el respaldo de las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia, la Guardia Nacional y una red de más de 83 mil cámaras de vigilancia, la violencia se abre paso, dejando al descubierto la fragilidad de nuestro sistema. Si esto sucede en el epicentro del poder, ¿qué podemos esperar en las colonias, en los barrios, en la vida cotidiana de los ciudadanos?

Es indignante, además, el oportunismo político que surge tras la tragedia. Las acusaciones lanzadas a la ligera, sin fundamento, buscando réditos políticos en el dolor ajeno, son una afrenta a las víctimas y a la justicia. No es momento de sembrar discordia, sino de exigir respuestas, de clamar por una investigación exhaustiva que nos lleve a la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser.

La precisión del ataque, la frialdad del ejecutor, sugieren una planificación meticulosa, un conocimiento profundo de los movimientos de las víctimas y, posiblemente, una red de complicidades que permitió la huida. Este no es un hecho aislado, es un síntoma de una enfermedad que corroe al país: la impunidad. Mientras los criminales actúen con la certeza de que no habrá consecuencias, la violencia seguirá escalando, sembrando terror e incertidumbre.

Recordemos el atentado contra Omar García Harfuch. Ahora, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, nos recuerda que nadie está a salvo. Estos crímenes, inusuales en la capital, son el pan de cada día en otras regiones del país, donde la violencia política se ha convertido en una herramienta de control y silenciamiento. Las cifras de Integralia, con 100 ataques a políticos en el primer trimestre del año, 52 de ellos mortales, son una prueba irrefutable de la crisis que atravesamos.

México se encuentra en una encrucijada. La crisis de gobernabilidad se agudiza, la economía se tambalea, la inseguridad nos asedia, y la respuesta del gobierno se limita a narrativas vacías, a estadísticas maquilladas que intentan ocultar una realidad cada vez más dolorosa.

El Estado mexicano tiene la obligación de imponerse, de recuperar el control, de garantizar la seguridad y la justicia para todos. Hoy, lamentablemente, parece estar perdiendo la batalla. Pero no podemos permitir que la resignación nos venza. Debemos exigir, con firmeza y unidad, un cambio real, un compromiso genuino para combatir la impunidad y construir un país donde la vida, la justicia y la paz sean la norma, no la excepción. El futuro de México está en juego.