La opulencia de la fiesta de XV años de Ruth Corlay, hija del secretario de Finanzas de Durango, Franklin Corlay Aguilar, ha desatado una ola de indignación en la sociedad duranguense. La fastuosidad del evento, celebrado en la exclusiva Hacienda La Jacona, contrasta drásticamente con la realidad económica de la mayoría de los habitantes del estado y pone en tela de juicio la procedencia de los recursos utilizados para financiar semejante despliegue de lujo. Mientras muchos duranguenses luchan por cubrir sus necesidades básicas, la familia Corlay Aguilar se permitió un festejo que, según estimaciones, superó los tres millones de pesos. Este monto resulta exorbitante si se considera el salario mensual del secretario, que ronda los 140 mil pesos, incluyendo prestaciones. Incluso si destinara la totalidad de sus ingresos a la fiesta, necesitaría más de 21 meses para cubrir los gastos. Esta incongruencia alimenta las sospechas de un posible manejo irregular de fondos públicos o la existencia de ingresos no declarados.

La indignación se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, donde los ciudadanos expresan su repudio ante lo que consideran un abuso de poder y una falta de respeto a la austeridad que debería caracterizar a la gestión pública. Las imágenes de la quinceañera descendiendo de una limusina, el vestido de diseñador, los artistas de renombre, los souvenirs personalizados y la exquisita gastronomía, han exacerbado el sentimiento de injusticia y la demanda de una investigación exhaustiva. La opacidad que rodea el caso solo aviva las llamas de la controversia y erosiona la confianza en las instituciones.

Más allá del derroche en la fiesta, la gestión de Franklin Corlay Aguilar ha sido objeto de críticas recurrentes. Se le acusa de favorecer a empresas foráneas en las licitaciones públicas, en detrimento de las compañías locales, lo que ha generado un impacto negativo en la economía de Durango. Datos recientes revelan que solo el 14% del presupuesto destinado a licitaciones se queda en el estado, mientras que el 86% restante va a parar a manos de empresas externas. Esta práctica no solo perjudica a los empresarios duranguenses, sino que también limita el desarrollo económico de la región.

El silencio del gobernador Esteban Villegas Villarreal ante la polémica no ha hecho más que aumentar la presión social. Legisladores, organizaciones civiles y ciudadanos exigen una respuesta clara y contundente, así como la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la fiesta y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto estatal. El caso de la fiesta de XV años se convierte así en un símbolo de la desconexión entre la clase política y la realidad que viven los ciudadanos, un recordatorio de la necesidad de una mayor rendición de cuentas y un llamado a la justicia social.

La situación se agrava aún más al considerar los adeudos que el secretario de Finanzas mantiene con proveedores desde el año pasado, una situación que contradice el discurso oficial de eficiencia administrativa y pone en riesgo la estabilidad financiera del estado. Mientras se despilfarran recursos en eventos privados, se descuidan las obligaciones con quienes prestan servicios al gobierno, generando un círculo vicioso de deuda e incumplimiento.

La fiesta de Ruth Corlay no es un hecho aislado, sino un síntoma de un mal mayor: la falta de ética y la impunidad que parecen imperar en algunos sectores de la administración pública. Es una bofetada a la dignidad de los duranguenses que día a día se esfuerzan por salir adelante en un contexto de dificultades económicas. La sociedad exige una respuesta, no solo por el derroche en sí, sino por la falta de transparencia, la injusticia y la desconsideración que representa. El silencio de las autoridades solo alimenta la indignación y la desconfianza. ¿Hasta cuándo se permitirá que los recursos públicos se utilicen para financiar los excesos de unos pocos, mientras las necesidades de la mayoría son ignoradas? El caso de la fiesta de XV años debe ser un punto de inflexión, una oportunidad para exigir un cambio profundo en la forma en que se gestionan los recursos públicos y se ejerce el poder.