La creciente ola de descontento ciudadano ante las movilizaciones de la CNTE se ha hecho palpable. Un abrumador 78% de los habitantes de la Ciudad de México y su área metropolitana reprueba las protestas y bloqueos llevados a cabo por el magisterio disidente, según la reciente encuesta de QM Estudios de Opinión. Este dato, contundente y revelador, dibuja un panorama de frustración generalizada ante las interrupciones y el caos generado por las manifestaciones. No se trata simplemente de un rechazo a la disidencia, sino de una clara señal de hartazgo ante las estrategias utilizadas, que afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas.

El estudio, realizado a través de 622 entrevistas telefónicas automatizadas a residentes mayores de 18 años en la Zona Metropolitana del Valle de México, pone el dedo en la llaga de un conflicto que se extiende más allá de las demandas del magisterio. El margen de error, de +/- 3.91 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%, nos permite afirmar con certeza que la percepción negativa hacia las protestas es una realidad ineludible. Los bloqueos en vialidades clave, como los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se suman a la ocupación de calles y plazas públicas, creando un clima de incertidumbre y parálisis. Imaginen el impacto en la economía local, en los pequeños negocios que dependen del flujo constante de personas, en los trabajadores que pierden horas valiosas en el tráfico, en las familias que ven sus rutinas alteradas.

La encuesta no sólo cuantifica el rechazo, sino que también indaga en sus causas. La principal razón esgrimida por los encuestados es el trastorno generado por los constantes cierres viales. Horas perdidas en el tráfico se traducen en tiempo robado a la productividad, al descanso, a la convivencia familiar. Más allá de la molestia inmediata, se percibe una profunda frustración ante la aparente falta de consideración por el impacto de estas acciones en la vida de los demás.

Otro elemento que alimenta el descontento es la sospecha de que detrás de las protestas se esconden intereses políticos o sindicales. Muchos ciudadanos interpretan las movilizaciones como una lucha por recuperar privilegios perdidos, más que como una genuina defensa de la educación pública. Esta percepción, alimentada por la retórica incendiaria y las acciones radicales de algunos grupos, erosiona la legitimidad de las demandas y dificulta el diálogo constructivo. El cierre del acceso al Palacio Nacional, un símbolo del poder ejecutivo, y los enfrentamientos con medios de comunicación, son ejemplos de tácticas que, lejos de generar empatía, refuerzan la imagen de un movimiento intransigente y poco dispuesto a la negociación.

A pesar de la tensión generada, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de apertura al diálogo. Se han concedido algunas de las demandas magisteriales, buscando desactivar el conflicto y restablecer la normalidad. Sin embargo, las protestas persisten, obligando incluso a realizar ajustes en la agenda pública, como la modificación de la tradicional conferencia matutina presidencial. Este hecho, en sí mismo, revela la complejidad del problema y la dificultad de encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo conciliar el derecho a la protesta con el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y vivir en paz? El desafío para las autoridades es encontrar un equilibrio que garantice ambos derechos, sin caer en la represión ni en la concesión indiscriminada.