La disolución del Estado Mayor Presidencial, una entidad con décadas de historia entrelazada con la figura presidencial, marcó un hito en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Este cuerpo, encargado de la seguridad y logística del Ejecutivo Federal, operó durante años en una nebulosa de secretismo, justificada bajo el manto de la seguridad nacional. Su disolución fue aplaudida por muchos, quienes veían en el despliegue de recursos y personal una ostentación innecesaria y un símbolo de los excesos del poder. Recordemos las imágenes de largas caravanas de vehículos blindados, el despliegue de personal uniformado y la parafernalia que rodeaba no solo al presidente en turno, sino también a familiares, secretarios de Estado y hasta a políticos con influencias. Se había normalizado una cultura del privilegio, donde la seguridad, un derecho fundamental, se convertía en un instrumento de poder y diferenciación.

La decisión de López Obrador resonó con la promesa de austeridad y cercanía con el pueblo. Se eliminaron las filas dobles, los hombres de traje oscuro y gafas de sol, la prepotencia implícita en un séquito de seguridad desproporcionado. Se buscaba, con razón, terminar con la imagen de una clase política aislada y desconectada de la realidad del país. Sin embargo, la supresión total del Estado Mayor Presidencial ha planteado nuevas interrogantes, sobre todo a raíz de recientes acontecimientos que han puesto en relieve la vulnerabilidad de ciertos funcionarios. El atentado contra colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la austeridad republicana de la necesidad legítima de protección.

¿Cómo garantizar la seguridad de quienes, por la naturaleza de su cargo, están expuestos a riesgos, sin caer en los excesos del pasado? La respuesta no es sencilla. Requiere de un análisis profundo y una estrategia que equilibre la protección necesaria con la transparencia y la rendición de cuentas. No se trata de regresar a la opulencia y el dispendio, sino de establecer protocolos claros y eficientes, basados en la evaluación objetiva de riesgos y la asignación de recursos proporcionales. Es crucial evitar que la seguridad se convierta de nuevo en un privilegio, un símbolo de estatus, o peor aún, en un instrumento de intimidación.

La cercanía de AMLO con la gente, uno de los pilares de su proyecto político, plantea un desafío adicional. Si bien es admirable su voluntad de mantener un contacto directo con la ciudadanía, es indispensable replantear las estrategias de seguridad en sus giras y desplazamientos. La protección del Presidente no es solo una cuestión personal, es una cuestión de Estado. Su seguridad impacta directamente en la estabilidad del país.

Por otro lado, la ironía de la situación actual radica en la importancia de garantizar la seguridad, incluso del presunto autor del atentado. Su captura con vida y el debido proceso son fundamentales para esclarecer los hechos, identificar a los autores intelectuales y desmantelar las redes criminales que pudieran estar involucradas. La justicia y el Estado de Derecho exigen que se agoten todas las instancias legales para llegar a la verdad y que se garantice la seguridad de todos, incluyendo la del acusado.

En definitiva, el desafío reside en encontrar un punto medio, un equilibrio entre la austeridad y la seguridad, entre la cercanía con el pueblo y la protección necesaria para el ejercicio de la función pública. Un justo medio que nos permita avanzar como sociedad, garantizando la seguridad de nuestros representantes sin caer en los excesos y abusos del pasado.