La propuesta de Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de descentralizar el máximo tribunal y llevar a cabo sesiones itinerantes una vez al mes, ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político del país. Su argumento central radica en la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía, combatiendo la percepción negativa y el desconocimiento que existe sobre las funciones del Poder Judicial de la Federación.

"Hoy en día, presenciar una sesión de la Suprema Corte de manera directa es prácticamente imposible, las puertas siempre han estado cerradas", declaró Bonilla en una reciente entrevista. Esta afirmación pone de manifiesto la distancia que, según la candidata, existe entre la máxima institución de justicia y la población. Su propuesta de "política de puertas abiertas" busca revertir esta situación, no solo a través de las sesiones itinerantes, sino también mediante audiencias públicas que permitan a la ciudadanía interactuar directamente con los ministros, expresar sus inquietudes y conocer de primera mano sus derechos.

Imaginemos la escena: una vez al mes, la Suprema Corte se traslada a un estado diferente. Ministros y ministras escuchando atentamente las problemáticas locales, explicando el alcance de los derechos humanos y orientando a la población sobre cómo proceder ante una vulneración de los mismos. Esta imagen, que Bonilla busca materializar, representa un cambio significativo en la dinámica del Poder Judicial, tradicionalmente percibido como distante y elitista.

La descentralización, sin embargo, no se limita a un mero cambio de escenario. Representa una oportunidad para que la SCJN se empape de la realidad social de cada entidad federativa, comprenda las particularidades de cada región y, en consecuencia, emita fallos más justos y apegados a las necesidades de la población. Se trata, en definitiva, de construir un Poder Judicial más accesible, transparente y, sobre todo, más cercano a la gente.

Sin embargo, el camino de Aguirre Bonilla hacia la Suprema Corte no ha estado exento de obstáculos. Recientemente, la candidata fue víctima de violencia política en razón de género, tras la difusión de imágenes privadas manipuladas con la intención de dañar su campaña. Este hecho, lamentablemente común en la política actual, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Tras un proceso legal, el periodista responsable fue sancionado por el Tribunal Electoral y obligado a reparar el daño de manera integral, incluyendo una disculpa pública y su inclusión en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Para Aguirre Bonilla, esta sentencia representa un importante avance en la lucha contra la violencia política y un aliento para las mujeres que, con frecuencia, no se atreven a denunciar este tipo de agresiones.

A pesar de las adversidades, la candidata se mantiene firme en su campaña, a pocos días de la elección. "Debemos seguir trabajando", afirma con convicción, demostrando que la lucha por la justicia y la igualdad es un camino que se recorre con perseverancia y determinación. La sentencia obtenida, en sus propias palabras, "implica que estamos avanzando". Y en ese avance, se vislumbra la esperanza de una Suprema Corte más cercana a la ciudadanía, más transparente y más comprometida con la defensa de los derechos de todas y todos.