La tragedia que rodea el feminicidio de Andreina Farías Torres continúa conmocionando a Perú y resonando a través de Latinoamérica. La brutalidad del crimen, la aparente impunidad inicial y la vulnerabilidad de la víctima como inmigrante trabajando arduamente para mantener a su familia en Venezuela, han generado una ola de indignación y llamados a la justicia. A más de dos semanas del 14 de mayo, fecha en que se apagó la vida de Andreina, la ausencia de capturas de los presuntos responsables, identificados como técnicos de una compañía de telefonía, alimenta la frustración y la desconfianza en el sistema.

La reconstrucción de los hechos, a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos, dibuja un escenario aterrador. Andreina, buscando mejorar su conexión a internet para, quizás, estar más cerca de sus cinco hijos, abrió la puerta de su hogar a quienes se convertirían en sus verdugos. La imagen de Andreina corriendo tras el vehículo de los supuestos técnicos, gritando desesperadamente por ayuda, se ha convertido en un símbolo de la violencia de género que azota la región. Su intento por aferrarse al auto, un acto de valentía y desesperación, terminó trágicamente con su vida bajo las ruedas del mismo vehículo.

La investigación, aún en curso, debe responder a las interrogantes que atormentan a la familia, amigos y a la sociedad en general. ¿Fue Andreina víctima de abuso sexual dentro de su propia casa? ¿Existió premeditación en el crimen? ¿Fallaron los protocolos de seguridad de la empresa de telefonía al contratar y supervisar a estos individuos? La autopsia de ley, crucial en este proceso, deberá arrojar luz sobre las circunstancias exactas de la muerte de Andreina y confirmar o descartar la hipótesis de la agresión sexual.

La respuesta de la compañía de telefonía, si bien necesaria, no es suficiente. El despido de los implicados y la presentación de una denuncia penal son pasos importantes, pero no compensan la pérdida irreparable de una vida. La promesa de apoyo a la familia de Andreina debe materializarse en acciones concretas y transparentes, que garanticen el bienestar de sus cinco hijos, quienes ahora enfrentan un futuro incierto sin su madre. Es fundamental que la empresa asuma su responsabilidad en la selección y supervisión de su personal, revisando sus protocolos de seguridad para evitar que tragedias como esta se repitan.

El clamor por justicia para Andreina se extiende más allá de las fronteras peruanas. En redes sociales, la etiqueta #JusticiaParaAndreina se ha convertido en un grito colectivo que exige un proceso transparente y eficaz, que lleve a los responsables ante la justicia y les aplique el máximo peso de la ley. Este caso no puede quedar impune, debe servir como un llamado a la reflexión sobre la violencia de género y la necesidad de proteger a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad como las migrantes. Es imperativo que las autoridades peruanas actúen con celeridad y contundencia, enviando un mensaje claro de que estos crímenes no serán tolerados. La memoria de Andreina y el futuro de sus hijos dependen de ello. La sociedad espera respuestas y, sobre todo, justicia.