La vorágine legislativa en torno a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha desatado un acalorado debate que pone de manifiesto la compleja interacción entre buenas intenciones, realidades económicas y la necesidad de un diálogo inclusivo. Si bien la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores es un objetivo loable, la imposición de medidas drásticas sin un análisis profundo de sus consecuencias puede generar un efecto dominó con resultados contraproducentes, incluso para los propios trabajadores a quienes se pretende beneficiar.

El corazón de la cuestión reside en la capacidad de las empresas, especialmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), para absorber el impacto económico de una reducción de la jornada laboral sin sacrificar su viabilidad. Recordemos que este sector representa el motor de la economía mexicana, generando 7 de cada 10 empleos formales. Un incremento repentino en los costos operativos, como el que podría derivarse de la necesidad de contratar más personal para cubrir las horas reducidas, puede empujar a muchas de estas empresas al borde del precipicio, conduciéndolas al cierre y, paradójicamente, a la pérdida de empleos.

La propuesta de la diputada Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, de aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas antes de octubre, genera inquietud en el sector empresarial. La premura con la que se pretende implementar esta medida contrasta con el enfoque gradual y consensuado propuesto por el gobierno federal, que plantea alcanzar este objetivo para 2030 a través de acuerdos con las empresas. Este enfoque, sin duda, permite un mejor ajuste a las realidades del mercado y minimiza el riesgo de disrupciones económicas.

La experiencia internacional nos ofrece valiosas lecciones. Si bien algunos países han implementado con éxito jornadas laborales reducidas, lo han hecho en contextos económicos y de productividad diferentes al de México. Un estudio de la OCDE revela que la productividad laboral en nuestro país es la más baja entre los miembros de la organización, lo que nos obliga a ser cautelosos y a priorizar estrategias que impulsen la eficiencia y la innovación antes de embarcarnos en reducciones drásticas de la jornada laboral.

La automatización y la irrupción de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la mecatrónica añaden otra capa de complejidad al debate. En un mundo cada vez más automatizado, la reducción de la jornada laboral sin un incremento paralelo en la productividad podría acelerar la sustitución de trabajadores por máquinas, un fenómeno que ya se observa en países como China.

Es fundamental que el diseño de políticas públicas en materia laboral no se limite a la consideración de las buenas intenciones, sino que incorpore un análisis riguroso de sus posibles consecuencias. El diálogo entre el gobierno, el sector empresarial y los representantes de los trabajadores es indispensable para encontrar soluciones que beneficien a todos y que promuevan un crecimiento económico sostenible.

La analogía del práctico que guía a los buques en puertos extranjeros es pertinente en este contexto. Así como un experto en las condiciones locales es crucial para evitar un desastre en la navegación, la experiencia y el conocimiento del sector empresarial son fundamentales para diseñar políticas laborales que conduzcan a buen puerto la economía del país. Ignorar estas voces expertas puede llevarnos a un naufragio económico con consecuencias devastadoras para todos.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, reza el refrán. Para evitar este destino, es imperativo que la discusión sobre la reducción de la jornada laboral se lleve a cabo con la participación de todos los actores involucrados, con un enfoque en la generación de riqueza y bienestar para todos los mexicanos.