La imposición de un impuesto a las remesas, ese flujo vital que conecta a las familias migrantes con sus raíces, se presenta como una medida no solo ineficaz, sino también profundamente injusta. Analicemos las razones por las cuales esta propuesta, lejos de beneficiar al país que la implementa, genera un efecto contrario y socava los principios básicos de la justicia tributaria.

El argumento principal en contra radica en la naturaleza misma del vínculo familiar. El amor y la responsabilidad que unen a quienes migran con sus seres queridos trascienden las barreras geográficas y económicas. Imponer un impuesto a las remesas no detendrá el flujo de dinero, sino que lo desviará hacia canales informales, complicando el panorama financiero y fomentando la opacidad. La fuerza del lazo familiar encontrará la manera de sortear los obstáculos, burlando la intención recaudatoria y debilitando el sistema financiero formal.

Además, esta medida revela una preocupante falta de imaginación por parte de las autoridades. En lugar de castigar el envío de remesas, ¿por qué no explorar alternativas que incentiven la inversión productiva dentro del país? Ofrecer oportunidades atractivas para que ese dinero, antes de “escapar”, se convierta en motor de desarrollo, generaría riqueza y bienestar para todos. Es una cuestión de perspectiva: ver las remesas no como una fuga, sino como un potencial.

Desde el punto de vista jurídico, la propuesta es aún más cuestionable. Gravar las remesas implica una doble tributación, un contrasentido que viola los principios elementales de la justicia fiscal. El dinero que los migrantes envían a sus familias ya ha sido gravado en el país donde se generó. ¿Es justo, entonces, volver a cobrarle impuestos al llegar a su destino? Se trata de un castigo desproporcionado que ignora la realidad de quienes, con esfuerzo y sacrificio, sostienen a sus familias a la distancia.

Se argumenta que este impuesto compensaría los servicios que los migrantes reciben en el país de acogida. Sin embargo, es un razonamiento falaz. Los migrantes contribuyen a la economía del país receptor a través del consumo, el pago de impuestos y la aportación de su fuerza laboral. Volver a gravar las remesas es un exceso que no se justifica bajo ninguna óptica.

De implementarse esta medida, es previsible que la controversia llegue a los tribunales. Será difícil que el sistema judicial avale una medida que contradice principios jurídicos fundamentales, protegidos no solo para los migrantes, sino para todos los ciudadanos. La justicia, tarde o temprano, se impondrá.

Ante la debilidad de los argumentos a favor, la imposición de un impuesto a las remesas se percibe como un capricho, una medida arbitraria que busca incomodar a la población migrante y forzar su salida del país. Esta interpretación, lamentablemente, se alinea con un discurso recurrente de rechazo y discriminación.

Finalmente, cabe destacar una incongruencia fundamental: se pretende gravar las remesas para evitar que el dinero “salga” del país, como si el dinero tuviera nacionalidad. Es la persona quien migra, no el dinero. Esta confusión revela una visión distorsionada de la migración, que ignora la complejidad del fenómeno y criminaliza a quienes, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al desarrollo de ambos países, el de origen y el de acogida. Es hora de dejar atrás los prejuicios y reconocer el valor real de las remesas, no como una amenaza, sino como un puente de solidaridad y desarrollo.