La indignación recorre la Universidad del Valle y a toda Cali tras el brutal atropello a estudiantes que protestaban pacíficamente por el feminicidio de Sirley López. Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, muestran la crudeza del momento: un Chevrolet negro embistiendo a un grupo de jóvenes, uno de ellos arrastrado sobre el capó, otro con la pierna atrapada bajo las ruedas del vehículo. La fractura expuesta, visible en el video, es un testimonio desgarrador de la violencia ejercida.

El Comité Estudiantil Regional de Derechos Humanos de Univalle no ha tardado en pronunciarse, calificando el acto como un intento claro de agresión y una amenaza directa al derecho a la protesta. La tarde del 19 de mayo, en la sede Meléndez, la manifestación pacífica se convirtió en escenario de terror. La pregunta que resuena en la comunidad universitaria es: ¿hasta dónde llega la intolerancia? ¿Cómo es posible que se atente contra la vida de jóvenes que exigen justicia por otra vida arrebatada?

El comunicado del Comité subraya la gravedad de los hechos: "pudo haber terminado con consecuencias fatales". Afortunadamente, aunque las lesiones son considerables, la vida de los estudiantes no corre peligro. Sin embargo, el trauma psicológico, el miedo y la sensación de vulnerabilidad son heridas invisibles que también deben ser atendidas. La Universidad del Valle, como espacio de formación y pensamiento crítico, tiene la responsabilidad de proteger a sus estudiantes y garantizar su derecho a la manifestación pacífica.

La versión oficial de la Universidad del Valle, emitida horas después del incidente, confirma que cuatro estudiantes, dos mujeres y dos hombres, resultaron heridos. Se habla de lesiones en las extremidades inferiores y se detalla la rápida actuación del Comité de Derechos Humanos, la Dirección Universitaria y la Vicerrectoría de Bienestar. La atención médica especializada brindada a los afectados es fundamental, pero no suficiente. Es necesario ir más allá y exigir una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades. La identificación de la camioneta de placas JZU 668 es un primer paso, pero ¿quién estaba al volante? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Estas son las preguntas que claman por respuestas.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo y de la protección efectiva del derecho a la protesta. La violencia no puede ser la respuesta a la indignación. La memoria de Sirley López, cuyo feminicidio motivó la protesta, merece justicia, no más violencia. La comunidad universitaria y la sociedad en general deben unirse para condenar estos actos y exigir garantías para que las manifestaciones pacíficas puedan desarrollarse sin temor a ser agredidos. El futuro de un país se construye con diálogo, respeto y tolerancia, no con violencia e intimidación. El caso de los estudiantes atropellados en Univalle debe ser un llamado de atención para toda la sociedad colombiana. Es momento de reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales.