La jornada electoral del 1 de junio se acerca, y con ella, la crucial decisión de los ciudadanos de participar en la configuración del Poder Judicial. En un contexto marcado por episodios de violencia que han sacudido a la sociedad, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho un enérgico llamado a la participación ciudadana, manifestando su confianza en la fortaleza democrática y la voluntad del pueblo para acudir a las urnas. "La gente va a salir a votar", afirmó con convicción, instando a la ciudadanía a ejercer su derecho y responsabilidad cívica.

Sin embargo, más allá del llamado a la participación, las declaraciones de la Jefa de Gobierno han destapado una preocupante situación que pone en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia dentro del Poder Judicial. Sheinbaum Pardo reveló un caso que, de confirmarse, podría constituir un grave conflicto de interés que involucra a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien previamente fungió como director del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según la información revelada, tres grandes contribuyentes, cuyos nombres se mantienen en reserva por el momento, buscan que el fisco les devuelva, con intereses, un crédito fiscal que pagaron hace años. Lo singular del caso radica en que, según las palabras de la Jefa de Gobierno, el ministro que ahora podría resolver sobre este asunto, era director del SAT en la época en que se realizaron dichos pagos. Esta situación plantea serias dudas sobre la objetividad del ministro en cuestión y la posibilidad de que influencias externas estén interfiriendo en la correcta impartición de justicia.

La denuncia de la Jefa de Gobierno no se limita a la mera revelación de los hechos, sino que señala directamente la ilegalidad de la pretensión de los contribuyentes de recibir la devolución con intereses, y la califica como un claro conflicto de interés por parte del ministro involucrado. "Quieren que el fisco les regrese un pago que hicieron con intereses, lo que es irregular", puntualizó Sheinbaum Pardo, dejando en el aire la pregunta de si este tipo de prácticas son comunes dentro del Poder Judicial.

La gravedad de estas acusaciones pone de manifiesto la urgencia de una profunda reforma dentro del sistema judicial, una reforma que garantice la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores involucrados. La ciudadanía tiene el derecho de exigir un Poder Judicial imparcial y comprometido con la justicia, un Poder Judicial que no responda a intereses particulares, sino al bienestar colectivo.

Este 1 de junio, la decisión de los ciudadanos no solo definirá la composición del Poder Judicial, sino que también enviará un claro mensaje sobre la exigencia de un sistema judicial más justo y equitativo. La participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia y construir un país donde la justicia sea un derecho para todos, sin privilegios ni excepciones. La invitación a reflexionar sobre el futuro del Poder Judicial y la importancia de ejercer el voto de manera consciente y responsable está sobre la mesa. El futuro de la justicia está en manos de la ciudadanía.