La tensión se palpa en el aire de Santa Lucía, Ocuilan. El eco de los disparos aún resuena en la memoria de los habitantes, quienes presenciaron cómo un operativo contra la tala clandestina se convertía en una escena de pánico y huida. La mañana de este miércoles, la promesa de acción contra la deforestación se vio truncada por la violencia. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal, con la misión de desmantelar aserraderos ilegales, se encontraron con una resistencia feroz. Apenas habían llegado al primer punto de control cuando la situación se desbordó.

Testigos presenciales narran cómo uno de los presuntos cabecillas de los taladores ilegales, una figura sombría que se mueve en las sombras de la impunidad, convocó a un grupo de personas. La tensión crecía minuto a minuto, palpable en el aire denso del bosque. De pronto, el estruendo de las armas de fuego rompió la aparente calma. Una lluvia de balas obligó a los uniformados a dispersarse, buscando refugio ante la embestida. La población, atrapada en el fuego cruzado, corrió despavorida buscando un lugar seguro.

Las imágenes, captadas en video, son estremecedoras. Muestran la confusión, el miedo, la desesperación de quienes se vieron forzados a huir ante la violencia desatada. Se observa a los miembros de la Guardia Nacional buscando protección, mientras la población corre en todas direcciones, buscando escapar del peligro. El operativo, que prometía ser un paso adelante en la lucha contra la tala clandestina, se vio abruptamente interrumpido. Las fuerzas del orden, en inferioridad numérica y ante el riesgo de un enfrentamiento mayor, se vieron obligadas a retirarse de la zona.

Este incidente pone de manifiesto la compleja realidad que se vive en la región. La tala clandestina, un cáncer que carcome los bosques y amenaza el futuro del ecosistema, se ha convertido en un negocio lucrativo protegido por la violencia y la intimidación. La impunidad con la que operan estos grupos criminales genera un clima de inseguridad y desconfianza en las autoridades.

La comunidad tlahuica de San Juan Atzingo, cansada de ser testigo de la destrucción de sus bosques, ha alzado la voz en repetidas ocasiones. Han realizado manifestaciones y cierres carreteros, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra la tala ilegal. Solicitan la instalación de cinco puntos de vigilancia estratégicos, incluyendo la carretera a las Lagunas de Zempoala y El Corte por Mexicapa, en los límites con Cuernavaca, Morelos. Su reclamo es un grito desesperado por la protección de su patrimonio natural y cultural.

¿Hasta cuándo las autoridades permitirán que la violencia y la impunidad reinen en estos bosques? ¿Cuándo se implementarán medidas efectivas para combatir la tala clandestina y proteger a las comunidades que luchan por la preservación de su entorno? El incidente de Santa Lucía es un llamado urgente a la acción. No podemos permitir que la indiferencia y la corrupción sigan alimentando este flagelo que destruye nuestros bosques y amenaza nuestro futuro.