La reciente propuesta del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de destinar parte del presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a la mejora de la seguridad en los alrededores de sus planteles, ha reavivado el debate sobre la autonomía universitaria y su importancia en el contexto actual. Si bien la intención de reforzar la seguridad es loable y responde a una necesidad palpable en la sociedad, la forma en que se plantea la propuesta ha generado inquietud dentro de la comunidad universitaria, que ve en ella una posible intromisión en su autonomía.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, ha sido enfática al respecto: la decisión sobre el destino de los recursos universitarios corresponde exclusivamente al Consejo General Universitario. Esta postura no es una simple defensa corporativa, sino la reafirmación de un principio fundamental que garantiza la libertad de la universidad para definir sus prioridades y gestionar sus recursos de acuerdo con sus propias necesidades y objetivos. La autonomía, en este sentido, se convierte en un escudo protector frente a posibles presiones políticas o intereses externos que pudieran desviar el rumbo de la institución.

Imaginemos un escenario en el que el gobierno de turno pudiera condicionar el presupuesto universitario a la implementación de programas o proyectos que no se ajusten a las necesidades académicas o a la visión de la propia universidad. Esto no solo limitaría la capacidad de la institución para cumplir con su misión de generar conocimiento y formar profesionales, sino que también pondría en riesgo la libertad de cátedra y la independencia de la investigación. La historia nos ha mostrado numerosos ejemplos de cómo la injerencia política en las universidades ha conducido a la censura, la persecución ideológica y el deterioro de la calidad educativa.

En el caso específico de la UdeG, la propuesta del gobernador Lemus Navarro, aunque bienintencionada, abre la puerta a un debate más profundo sobre la corresponsabilidad en materia de seguridad. Si bien es cierto que la universidad tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para sus estudiantes, también es responsabilidad del Estado proveer las condiciones de seguridad necesarias en el espacio público. La inversión en seguridad no debe verse como una competencia entre instituciones, sino como una tarea conjunta que requiere la colaboración y la coordinación de todos los actores involucrados.

La autonomía universitaria no es un privilegio, sino una garantía para el desarrollo de una sociedad libre y democrática. Permite a las universidades generar conocimiento crítico, formar ciudadanos responsables y contribuir al progreso social sin ataduras políticas o ideológicas. Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto comprenda la importancia de este principio y lo defienda como un valor irrenunciable.

La discusión en torno a la propuesta del gobernador Lemus Navarro no debe limitarse a la cuestión presupuestal. Es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la universidad en la sociedad, la importancia de la autonomía y la necesidad de construir un diálogo constructivo entre las instituciones para abordar los desafíos comunes. El futuro de la educación superior y, en última instancia, el futuro del país, dependen de ello.