La industria de la radiodifusión en México se encuentra en un momento crucial de transformación. El diálogo iniciado en el Senado, con la participación de expertos y ciudadanos, abre una ventana de oportunidad para modernizar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, adaptándola a las realidades tecnológicas del siglo XXI. La discusión no se limita a una simple revisión técnica, sino que se adentra en la esencia misma del servicio público, abordando temas fundamentales como la inclusión social, el papel de las radios comunitarias e indígenas, y la necesaria equidad en la regulación de los diferentes actores del sector, incluyendo a los gigantes del streaming.

La alerta lanzada por Diana Núñez Ronquillo, consejera de la CIRT, sobre la falta de regulación de los servicios de streaming, pone de manifiesto una asimetría preocupante. Mientras la televisión y la radio operan bajo un marco regulatorio estricto, las plataformas de streaming parecen moverse en un terreno sin ley, fijando precios a su antojo, sin restricciones en cuanto a contenido para menores y con publicidad que escapa a los controles habituales. Esta situación no solo genera una competencia desleal, sino que también pone en riesgo a los consumidores y a la propia industria.

La propuesta de Azucena Pimentel Mendoza, presidenta de la red de radiodifusoras y televisores educativas y culturales de México, apunta a un modelo de financiamiento para medios públicos que garantice su independencia editorial y su viabilidad a largo plazo. La idea de establecer un piso presupuestal, sumado a estímulos fiscales para quienes apoyen a estos medios, así como la posibilidad de recibir recursos nacionales e internacionales, se inspira en experiencias exitosas en otros países y representa una alternativa viable para fortalecer el servicio público de radiodifusión.

No podemos olvidar la voz de quienes trabajan en la trinchera informativa, en las comunidades más alejadas. La exigencia de Karina Patrón Hernández, integrante del Comité de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, de que el Estado garantice la protección integral de estas radios frente a la violencia, es un llamado a la responsabilidad. El derecho a la información y la libertad de expresión no pueden ser meros enunciados teóricos, deben ser una realidad tangible, protegida y garantizada por las instituciones.

La participación del INPI, a través de su director general Adelfo Regino, reconociendo el carácter de sujetos de derecho público a las comunidades indígenas, añade una dimensión fundamental a la discusión. La nueva ley debe incorporar la perspectiva de los pueblos originarios, garantizando su acceso a la información y su derecho a la comunicación en sus propias lenguas y desde sus propias cosmovisiones.

Este penúltimo conversatorio previo a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un paso importante en la construcción de un marco legal que responda a las necesidades de un país diverso y en constante transformación. La participación ciudadana y el debate informado son esenciales para lograr una legislación que fortalezca el servicio público de radiodifusión, proteja la libertad de expresión y garantice el derecho a la información para todos los mexicanos. Queda aún mucho por discutir y definir, pero la ruta trazada en estos diálogos permite vislumbrar un futuro prometedor para el sector. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al convocar a un parlamento abierto demuestra la voluntad de escuchar a todos los actores involucrados y construir una reforma que realmente responda a los retos del presente y a las necesidades del futuro.