La ola de recuperaciones de inmuebles en el Estado de México continúa su curso, marcando un hito en la lucha contra el despojo. El vicefiscal general, Martín Marín, ha confirmado la restitución de 275 propiedades a sus legítimos dueños entre abril y el 20 de mayo, una cifra que habla por sí sola del impacto de esta operación. La jornada del 16 de mayo fue particularmente fructífera, con la recuperación de 75 inmuebles en un solo operativo. Imaginen la magnitud del esfuerzo coordinado: autoridades federales, estatales y municipales trabajando codo a codo, con la participación de la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía estatal, apoyadas por las corporaciones de seguridad municipales. Una verdadera demostración de fuerza y compromiso con la justicia.

De estas 275 propiedades, 18 habían sido arrebatadas a grupos vulnerables, víctimas de la violencia y la indefensión. Es importante destacar la sensibilidad de las autoridades ante esta situación, priorizando la protección de quienes más lo necesitan. Detrás de estas cifras, hay historias de familias que recuperan no solo un techo, sino también la tranquilidad y la seguridad que les fueron arrebatadas. Las 21 detenciones realizadas durante los operativos, con ocho personas ya en prisión preventiva, envían un mensaje claro: la impunidad no será tolerada. El vicefiscal Marín ha explicado que los detenidos enfrentan cargos por despojo y utilización de títulos al portador, delitos que socavan la confianza en las instituciones y vulneran el patrimonio de los ciudadanos. La justicia, aunque a veces lenta, está actuando con firmeza.

La investigación, sin embargo, no se detiene ahí. El vicefiscal Marín ha revelado la posible implicación de una red compleja que incluye grupos políticos, autoridades municipales y estatales, exfuncionarios e incluso notarios. Estas acusaciones, de ser confirmadas, destaparían una trama de corrupción que ha operado impunemente durante demasiado tiempo, amparada en el poder y la influencia. Se trata de una "acción de Estado", en palabras del propio Marín, que busca llegar al fondo del asunto y desmantelar estas redes de despojo que han afectado a propietarios de casas habitación, bodegas y comercios. La magnitud de la operación sugiere que se trata de un problema arraigado, que requiere una respuesta contundente y a largo plazo.

El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, ha marcado una línea de investigación clara y concisa, demostrando la voluntad política de enfrentar este problema de frente. Se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos avances en la investigación, arrojando luz sobre la complejidad de esta red de despojo y llevando ante la justicia a todos los responsables. Finalmente, el vicefiscal Marín ha desmentido que el caso de Carlota, la mujer de la tercera edad despojada de su vivienda en Chalco, haya sido el detonante de estos operativos. Según Marín, la investigación ya estaba en marcha, lo que refuerza la idea de un compromiso previo del gobierno del Estado de México con la lucha contra el despojo. Sin embargo, el caso de Carlota, que conmovió a la opinión pública, sirve como recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de perseguir con firmeza a quienes se aprovechan de su situación. La lucha contra el despojo continúa, y las autoridades están decididas a devolver la tranquilidad y la justicia a los afectados.