La situación en El Santuario, Valle de Bravo, se agrava día a día. No se trata simplemente de un conflicto vecinal por el agua, sino de un desafío abierto al Estado de Derecho. Michel Domit, cuñado de Carlos Slim Helú y dueño de Promotora Valle de Bravo, ha instaurado un régimen de control hídrico que recuerda a los feudos medievales. A pesar de las múltiples suspensiones federales otorgadas por diversos juzgados, Domit se niega a restablecer el suministro de agua, permite cortes arbitrarios e impide el acceso de pipas, ignorando las leyes y actuando con total impunidad.

Esta situación se agrava aún más si consideramos la prominencia de los residentes de El Santuario. Figuras como el ex presidente Enrique Peña Nieto, la senadora Olga Sánchez Cordero y destacados empresarios como Roberto Hernández y Emilio Azcárraga, entre otros, son testigos de la ineficacia de las autoridades para hacer valer la ley. La alcaldesa Michelle Núñez se muestra pasiva, rayando en la complicidad, ante el flagrante desacato de Domit, mientras el Poder Judicial del Estado de México, bajo la dirección de Fernando Díaz, parece incapaz de hacer cumplir sus propias sentencias. La pregunta es: ¿qué intereses se protegen con esta inacción? ¿Acaso la influencia de Domit y sus conexiones familiares le otorgan un pase libre para operar al margen de la ley?

La represalia de Domit contra quienes buscan ampararse es aún más preocupante. Dejar de recoger la basura de aquellos vecinos que se atreven a desafiar su autoridad no solo es un acto mezquino, sino una demostración de la arbitrariedad con la que se maneja en El Santuario. Es inadmisible que a dos horas de la capital del país, en pleno 2025, exista un lugar donde se pisoteen los derechos de los ciudadanos con tanta impunidad.

Los vecinos, ante la inacción de las autoridades, han tomado la vía legal. Los juicios de amparo y las denuncias se acumulan, las suspensiones a favor de los residentes se apilan en los escritorios, pero el agua sigue sin llegar a sus hogares. La ironía es palpable: la ley está de su lado, pero el recurso vital les es negado. Mientras tanto, la Conagua, liderada por Efraín Morales, permanece en silencio, como si el control privado del agua y el chantaje fueran prácticas aceptables. ¿Qué espera la Comisión Nacional del Agua para intervenir? ¿Acaso necesita más pruebas de la ilegalidad de las acciones de Promotora Valle de Bravo?

El caso de El Santuario no es un incidente aislado. La incertidumbre generada por la inminente Reforma Judicial ha provocado que empresas energéticas extranjeras como Sempra Energy, Acciona y Engie, consideren seriamente la venta de sus activos en México. La desconfianza en el marco legal y la posibilidad de que sus inversiones no estén protegidas han encendido las alarmas en el sector. Mientras tanto, Pemex y CFE, sin los recursos necesarios, se perfilan como posibles compradores, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para gestionar estos activos y garantizar el suministro energético del país.

En Monterrey, el malestar entre los empresarios crece. La Secretaría de la Defensa, no conforme con haber tomado el control del Aeropuerto del Norte, ahora cobra la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) a los usuarios ejecutivos, reteniendo el impuesto que debería ser enterado a la Secretaría de Hacienda. Grandes corporativos como Cemex, FEMSA, Xignux y Ternium, entre otros, se ven afectados por esta medida que consideran arbitraria y opaca. ¿Es esta la nueva forma de recaudar fondos para el Ejército? ¿A qué se destinan estos recursos? La falta de transparencia genera suspicacias y erosiona la confianza en las instituciones.

Finalmente, la situación de la sociedad financiera Préstamo Feliz, de Fernando García Sada, merece atención. Con retrasos en pagos a acreedores, la sombra de Crédito Real y Unifin se cierne sobre esta entidad especializada en microcréditos para Pymes. ¿Estamos ante una nueva crisis en el sector financiero? ¿Qué medidas tomarán las autoridades para evitar un contagio y proteger a los pequeños empresarios que dependen de estos créditos?

En un contexto de incertidumbre económica y legal, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho son fundamentales para generar confianza y atraer inversiones. El caso de El Santuario, la venta de activos energéticos, la controversia por la TUA en Monterrey y la situación de Préstamo Feliz, son ejemplos de los desafíos que enfrenta México. ¿Estarán las autoridades a la altura de las circunstancias? El tiempo lo dirá.