La indolencia gubernamental ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en Oaxaca ha alcanzado niveles alarmantes. Las cifras, frías y contundentes, hablan por sí solas: 915 mujeres desaparecidas, 241 asesinatos en menos de dos años. Números que se convierten en rostros, en historias truncadas, en familias destrozadas que claman justicia en un desierto de impunidad. El eco de sus voces, sin embargo, parece perderse en los laberintos burocráticos y en la indiferencia de un gobierno que se muestra incapaz, o peor aún, desinteresado en frenar esta tragedia.

La angustia de las madres buscadoras, quienes recorren incansablemente el estado en busca de sus hijas, choca contra el muro de la ineficacia institucional. Funcionarios menores que escuchan sin actuar, promesas vacías que se desvanecen en el aire, expedientes mal integrados que condenan al olvido a las víctimas. La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, contemplada en la ley desde 2019, sigue siendo una quimera, un anhelo sin presupuesto, una muestra más de la falta de voluntad política para abordar este grave problema.

El caso de Sandra Estéfana Domínguez, defensora de derechos humanos desaparecida y posteriormente encontrada sin vida, es un ejemplo paradigmático de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en Oaxaca. Su lucha por la justicia se vio truncada por la violencia, y su muerte se suma a la larga lista de crímenes que permanecen impunes. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha alzado la voz para condenar el desdén con el que se ha tratado este caso, un desdén que refleja la desidia generalizada ante la violencia feminicida.

La Alerta de Género, declarada en 40 municipios del estado desde 2022, parece ser letra muerta, un protocolo sin aplicación práctica que no ha logrado frenar la escalada de violencia. La impunidad se convierte en el caldo de cultivo para que los agresores continúen operando con total libertad, sabedores de que sus crímenes no serán castigados.

La perspectiva de género, tan pregonada en los discursos oficiales, se reduce a una mera fachada, a un conjunto de palabras vacías sin sustento en políticas públicas efectivas. Falta presupuesto, falta capacitación, faltan mecanismos de evaluación, pero sobre todo, falta la voluntad real de transformar una realidad lacerante.

La responsabilidad del gobernador Salomón Jara Cruz es ineludible. Es urgente que se implementen medidas concretas para frenar la violencia feminicida, que se destinen los recursos necesarios para la búsqueda de las desaparecidas, que se investigue y se castigue a los responsables de estos crímenes. El silencio y la inacción son cómplices de la barbarie.

La mirada nacional, e incluso internacional, está puesta en Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, tienen la obligación de exigir cuentas al gobernador y de impulsar la implementación de la iniciativa aprobada en el Congreso para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No basta con discursos y promesas, se necesitan acciones contundentes que demuestren un compromiso real con la erradicación de la violencia feminicida. El tiempo se agota, y cada día que pasa sin justicia es una afrenta a la memoria de las víctimas y una amenaza para las mujeres que siguen viviendo bajo el yugo del miedo y la impunidad.