La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros ha desatado un intenso debate en México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Nayarit) ha alzado la voz, expresando su profunda preocupación por las implicaciones de esta reforma judicial. Argumentan que someter la judicatura al voto popular podría politizar el sistema, poniendo en riesgo la imparcialidad y la independencia que son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Imaginen un escenario donde las decisiones judiciales estén influenciadas por la popularidad o la presión política, en lugar de basarse en la ley y la evidencia. Esto erosionaría la confianza en el sistema y generaría una incertidumbre jurídica que impactaría negativamente la inversión y el desarrollo económico del país.

La Coparmex no se opone al cambio, pero insiste en que cualquier reforma debe ser abordada con responsabilidad, rigor técnico y la participación de la sociedad civil. La justicia no puede ser un botín político, susceptible a los vaivenes electorales. La independencia judicial es la piedra angular de una democracia sólida, y cualquier intento de debilitarla debe ser analizado con cautela y sometido a un debate público informado.

El próximo 1 de junio de 2025, de aprobarse la reforma, sería una fecha histórica: los ciudadanos mexicanos votarían por 881 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En Nayarit, 49 cargos judiciales estarían en juego. La Coparmex, a través de sus 71 centros empresariales en todo el país, se ha comprometido a participar activamente como observador ciudadano en este proceso, promoviendo foros y mesas de análisis con expertos para generar propuestas que contribuyan a una reforma judicial responsable.

La organización empresarial ha identificado una serie de riesgos en este nuevo modelo de elección popular. Entre ellos destaca la posibilidad de que los jueces, buscando la reelección, priorizen la popularidad sobre la justicia, emitiendo fallos que complazcan a la opinión pública en lugar de apegarse a la ley. También se teme que el proceso electoral se vea permeado por la influencia de grupos de poder, comprometiendo la imparcialidad y la transparencia. Además, se plantea la interrogante de si la ciudadanía cuenta con la información necesaria para evaluar el desempeño y las capacidades de los candidatos a cargos judiciales.

La Coparmex, con una trayectoria de casi un siglo representando a empresarios y emprendedores en México, ha reiterado su compromiso con el desarrollo económico y la responsabilidad social. Su voz, independiente y crítica, se suma al debate nacional sobre la reforma judicial, haciendo un llamado a la reflexión y a la búsqueda de soluciones que fortalezcan el Poder Judicial sin poner en riesgo sus principios fundamentales. La confianza en la justicia, argumentan, es un activo invaluable para la democracia y el progreso del país. El diálogo informado, con la participación de todos los sectores de la sociedad, es crucial para encontrar un camino que garantice un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz. El futuro del Estado de Derecho en México depende de ello.