La creciente tensión en el escenario internacional nos obliga a reflexionar sobre la verdadera capacidad de respuesta que tienen las naciones ante las amenazas presentes y futuras. La reciente reunión de la OTAN en Turquía, con el ambicioso (quizás utópico) objetivo de alcanzar un 5% del PIB en gasto de defensa, pone de manifiesto la preocupación latente ante un mundo donde el "poder duro" parece ganar terreno. Este 5%, propuesto por Estados Unidos, contrasta drásticamente con la realidad global, donde el promedio de inversión en defensa se sitúa en un modesto 2.2%. Incluso la propia OTAN, con su meta del 2%, se ve superada por la nueva coyuntura. La ironía reside en que el mismo Estados Unidos, promotor de este incremento, apenas alcanza un 3% de su PIB en defensa, quedando por debajo de su propia exigencia.

Vivimos una era donde la coerción se convierte en la moneda de cambio en las relaciones internacionales. El poder duro, con sus herramientas militares, económicas y comerciales, se impone sobre la diplomacia y la persuasión del poder blando. El panorama geopolítico se oscurece con conflictos latentes y en desarrollo: Rusia en Europa, la compleja situación en Asia con China, Japón, Corea, Taiwán, Filipinas y Vietnam como actores principales, el polvorín de Medio Oriente con Israel, Gaza, Irán y Yemen, y ahora la escalada de tensiones entre India y Pakistán. La lista de potenciales conflictos, lamentablemente, parece estar en constante expansión.

En este contexto, México enfrenta sus propios desafíos, donde el crimen organizado se erige como una amenaza constante, ejerciendo su propio "poder duro" a nivel interno. La presión de Estados Unidos, manifestada en aranceles, despliegue militar en la frontera, amenazas de intervención unilateral y sanciones, se suma a la complejidad del panorama nacional.

Si bien los recientes anuncios de inversión en la Secretaría de Marina, con la construcción de buques de patrulla y la modernización de la flota aérea, representan un avance, son apenas un parche ante la magnitud del reto. Estos 17,523 millones de pesos (aproximadamente 900 millones de dólares), aunque necesarios para la renovación de equipo obsoleto, se quedan cortos frente a las verdaderas necesidades del país. Modernizar buques con más de 80 años de servicio es una medida reactiva, no una estrategia proactiva de seguridad.

No se trata simplemente de comprar equipo nuevo, sino de replantear la estrategia de seguridad nacional. Destinar al menos el 1% del PIB a las fuerzas armadas es un punto de partida crucial, pero no suficiente. La inversión económica debe ir acompañada de una firme voluntad política para combatir la raíz de los problemas. Se requiere una visión integral que aborde las causas de la violencia, fortalezca las instituciones y promueva el desarrollo social. De lo contrario, seguiremos navegando en un mar de incertidumbre, con parches temporales que no resuelven el problema de fondo. La seguridad nacional no es un gasto, es una inversión en el futuro de México.