La controversia en torno a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sigue candente, avivando las preocupaciones sobre su diseño y las posibles consecuencias para el sector. Un punto particularmente álgido es la aparente ventaja que el gobierno mantendría en el acceso al espectro radioeléctrico. De perpetuarse esta situación, se agravaría la desigualdad entre las empresas privadas, que desembolsan millones por el espectro, y Altán Redes, la empresa estatal, cuyos pagos son ínfimos, cuando los realiza.

La importancia de este tema es innegable. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar la brecha digital y garantizar la conectividad en todo el territorio, incluyendo las zonas más remotas. Para ello, se apoya en la red compartida operada por Altán, que renta el espectro a privados a precios irrisorios. Sin embargo, numerosos analistas de la industria señalan que el verdadero beneficiario de este esquema es Walmart de México y Centroamérica, que a través de su Operador Móvil Virtual (OMV) Bait, con cerca de 20 millones de usuarios, aprovecha el bajo costo del espectro rentado a Altán.

Surge entonces la pregunta: ¿por qué el gobierno insiste en una política que favorece a Walmart, mientras empresas como Telcel, AT&T o Telefónica Movistar pagan precios exorbitantes por el mismo recurso? Esta desigualdad es inexplicable y genera un ambiente de competencia desleal.

Expertos del sector han planteado alternativas para abordar la brecha digital sin beneficiar a una empresa en particular. Incluso se ha sugerido la posibilidad de ofrecer acceso gratuito a internet como subsidio directo a las poblaciones más vulnerables.

En el Senado, las últimas sesiones de los conversatorios para modificar la iniciativa se llevarán a cabo esta semana. Se espera que se fortalezca la propuesta de regular el acceso del gobierno al espectro, limitándolo a fines públicos y no comerciales, a menos que el precio de la renta refleje el valor real del recurso, evitando así la disparidad actual. El Senador Javier Corral, quien encabeza estos debates, ha sido un firme defensor de la asignación de espectro para uso social. No obstante, la redacción final del texto será crucial para garantizar la equidad en el sector.

Por otro lado, la tensión se ha trasladado al Puerto de Manzanillo, donde un paro laboral ha generado incertidumbre. La Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (AAAPUMAC) se desmarcó del movimiento, negando cualquier participación y reiterando su apoyo a las autoridades aduaneras. Este incidente añade otra capa de complejidad al panorama actual, destacando la importancia del diálogo y la colaboración para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados. El futuro del sector de las telecomunicaciones y la conectividad en México depende de las decisiones que se tomen en los próximos días. La transparencia y la equidad deben ser los pilares de cualquier reforma que busque un desarrollo tecnológico inclusivo y sostenible.