La controversia en torno a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sigue en pleno auge, generando un intenso debate sobre sus implicaciones para el sector. Un punto crucial que preocupa a la industria es la posible perpetuación de la ventaja que el gobierno mantiene en el acceso al espectro radioeléctrico. De aprobarse la ley en su estado actual, se consolidaría una desigualdad entre las empresas privadas, que desembolsan millones de pesos por el espectro, y Altán Redes, la empresa estatal, que paga una cantidad significativamente menor, cuando lo hace.

Este escenario plantea serias interrogantes. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar la brecha digital y garantizar la conectividad en todo el país, incluyendo las zonas más remotas. Para ello, se apoya en la red compartida operada por Altán, que renta el espectro a privados a precios irrisorios. Sin embargo, diversos analistas señalan que el verdadero beneficiario de este esquema es Walmart de México y Centroamérica, que a través de su operador móvil virtual Bait, con cerca de 20 millones de usuarios, accede a espectro a bajo costo.

Surge entonces la pregunta: ¿por qué el gobierno insiste en una política que favorece a una empresa privada en detrimento de otras como Telcel, AT&T o Telefónica Movistar, obligadas a pagar precios elevados por el mismo recurso? Esta disparidad genera desconcierto y exige una explicación clara. Expertos en la materia han propuesto alternativas para abordar la brecha digital sin privilegiar a una empresa en particular, incluyendo la posibilidad de subsidiar el acceso a internet para las poblaciones más vulnerables.

En el Senado, las últimas sesiones de debate sobre la reforma se llevarán a cabo esta semana. Se espera que se discuta a fondo la cuestión del espectro gubernamental, argumentando que, si bien el gobierno debe tener acceso a este recurso para fines públicos, su uso comercial debería estar sujeto a precios que compensen la desigualdad actual. El Senador Javier Corral, quien encabeza estos debates, ha impulsado la asignación de espectro para uso social, pero la redacción final del texto será determinante para evitar la inequidad en el sector.

Por otro lado, la paralización de actividades en el Puerto de Manzanillo la semana pasada, a raíz de las protestas de los trabajadores, ha generado una nueva fuente de tensión. La Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (AAAPUMAC) se deslindó del movimiento y del paro parcial, afirmando no tener "ninguna injerencia ni participación" y reiterando su apoyo a las autoridades aduaneras. Este incidente añade otra capa de complejidad al panorama económico y logístico del país. La incertidumbre persiste en cuanto a la resolución del conflicto y sus posibles repercusiones en el comercio y la actividad portuaria. La situación requiere una pronta y eficaz intervención para minimizar los daños y garantizar la normalización de las operaciones. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para restablecer el orden y dialogar con los trabajadores para atender sus demandas. El futuro del puerto y su papel clave en la economía nacional dependen de una resolución pacífica y constructiva de este conflicto.