La incertidumbre se cierne sobre el futuro de la transparencia en México. Tras la reciente extinción del INAI y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las dudas y especulaciones abundan. Norma Julieta del Río Venegas, ex comisionada del INAI, ha salido a la palestra para asegurar que la transición se ha realizado de manera ordenada y que la plataforma nacional de transparencia ha sido entregada “viva, sana y con miles de documentos y recursos pendientes”. Sus palabras, pronunciadas en entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo Radio, buscan tranquilizar a una ciudadanía preocupada por el acceso a la información pública.

Sin embargo, la afirmación de una entrega “al 100%” deja un regusto amargo en muchos sectores. ¿Realmente se puede garantizar la continuidad y la eficacia del sistema de transparencia con un cambio tan drástico? La propia Del Río Venegas reconoce que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene un plazo de 30 días para revisar la entrega y reportar cualquier irregularidad. Este periodo de revisión abre la puerta a posibles discrepancias y ajustes, lo que alimenta la incertidumbre sobre la verdadera situación de la plataforma y los recursos pendientes.

La sombra de 130 mil recursos de revisión, que representan negativas de información acumuladas entre el 20 de marzo y el 11 de mayo, se cierne sobre la Secretaría. Estos recursos, congelados por la transición, representan miles de ciudadanos esperando respuestas. La fecha límite del 3 de junio, cuando se reactivarán los plazos para que las instituciones respondan a las solicitudes de información, se convierte en una prueba de fuego para la nueva entidad responsable de la transparencia. ¿Podrá la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno gestionar este volumen de trabajo de manera eficiente? ¿Contará con los recursos humanos y técnicos necesarios para dar respuesta a la demanda ciudadana?

Más allá de las declaraciones oficiales y las promesas de una transición ordenada, la realidad es que la desaparición del INAI genera un vacío institucional difícil de llenar. La experiencia y la especialización acumulada por el Instituto a lo largo de los años no se pueden transferir de la noche a la mañana. La ciudadanía, acostumbrada a un organismo autónomo dedicado exclusivamente a la transparencia, ahora deberá confiar en una Secretaría con un mandato más amplio y posiblemente con otras prioridades.

El futuro de la transparencia en México se encuentra en una encrucijada. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que puede estar a la altura del desafío y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Los próximos meses serán cruciales para evaluar su capacidad de respuesta y la efectividad de las nuevas políticas en materia de transparencia. La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse vigilante y exigir que se respeten sus derechos. La transparencia es un pilar fundamental de la democracia y no podemos permitir que se debilite. La lucha por un México más transparente apenas comienza.